Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han intervenido en tres días un total de 3.000 kilos de chirla de talla no reglamentaria procedentes de las localidades onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría y del municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda.
La incautación se ha producido en el marco de diferentes operativos y ha evitado que llegue a los consumidores un marisco "inmaduro, ilegal y no sujeto a control sanitario, con el peligro que ello entraña para la sostenibilidad del caladero y para la salud pública", ha informado la administración autonómica en una nota.
Las actuaciones, encuadradas dentro del Plan Anual de Inspección Pesquera, se han llevado a cabo en instalaciones de centrales logísticas y en carretera y han dado lugar al levantamiento de las correspondientes actas sancionadoras.
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, ha hecho una llamada a la responsabilidad y la sensibilización de todos ante una actividad ilícita que pone en riesgo la salud de las personas y causa un enorme perjuicio tanto ambiental como social y económico que pone en cuestión el futuro del sector; todo ello, sin olvidar la imposición de fuertes multas que pueden alcanzar hasta los 60.000 euros.
Estos últimos decomisos suponen, como ha expuesto el delegado territorial, "un importante golpe al grave problema del marisqueo ilegal".
En 2015 la presión de los servicios de Inspección Pesquera, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, para combatir el furtivismo se saldó sólo en la geografía onubense con la incautación de 11,9 toneladas de pescado y marisco ya fuese por no alcanzar la talla reglamentaria, carecer de etiquetado o ser transportado sin documentación, entre otras causas.
