Pablo Comas, expresidente del Recreativo de Huelva, tenía este lunes una cita ineludible con la Justicia en Huelva. A primera hora de la mañana se personaba en la sede de la Audiencia de Huelva, donde la Sección Tercera acoge este lunes y el martes el juicio contra él, para el que la Fiscalía pide hasta 18 años de cárcel como presunto autor de delitos de apropiación indebida, falsificación de cuentas sociales y administración desleal durante su gestión de la entidad albiazul.
La vista se celebra en audiencia pública y son muchos los medios que cubren el juicio, muy esperado por los aficionados blanquiazules.
En su escrito, la Fiscalía recuerda que Comas adquirió en enero de 2012 a Huelva Deporte S.D.A, en su calidad de administrador único de la entidad Gildoy España S.L, 328.000 acciones de la sociedad deportiva Real Club Recreativo de Huelva por precio de 3,2 millones de euros, lo que suponía el 75 por ciento del total de las mismas, pactándose pagos fraccionados en julio y septiembre de 2012.
Así, indica que a partir de entonces, como presidente del citado club, con capacidad de disposición de los bienes del mismo, Gildoy España S.L es una mercantil en la que el acusado es administrador único y como socios figuran Gildoy Uruguay y Poientose.
El Real Club Recreativo de Huelva mantenía en las fechas en las que ha sido presidente el acusado, una situación económica "más que deficitaria", con deudas millonarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social e impago de nóminas a proveedores, empleados y futbolistas.
No obstante, la Fiscalía remarcado que, pese a ello, el acusado suscribió un contrato de préstamo a fin de destinarlo al último pago de las acciones, garantizando el mismo, "primero mediante la pignoración de una imposición a plazo fijo por importe de un millón de euros, que poseía el Real Club Recreativo de Huelva, y siendo la segunda garantía el salario que el acusado iba a percibir por el cargo de presidente de dicho club".
Indica el Ministerio Fiscal que el acusado, a través de Poientose S.L, sólo amortizó 241.643 euros del préstamo solicitado a la entidad bancaria, de manera que dicha operación "perjudicó gravemente las arcas del club de fútbol".
Entre otras actuaciones, destaca que Comas, en su calidad de presidente del Real Club Recreativo de Huelva, concertó un contrato de arrendamiento de un local para destinarlo a una tienda oficial del Real Club Recreativo de Huelva, "sin que conste que el acusado desplegara la más mínima actividad para la apertura de la tienda".
Igualmente, indica que "sin justificación documental alguna", en las cuentas anuales del ejercicio económico 2012-2013, "el acusado incluyó la suma de 483.000 euros en concepto de gastos del proyecto de una nueva ciudad deportiva para el Real Club Recreativo de Huelva, a pesar de que este equipo de fútbol, poseía unas instalaciones destinadas a ese fin de reciente construcción, procediendo en el ejercicio económico siguiente, 2013-2014, a hacer suya esa cantidad aparentando que compensaba una inexistente deuda que el Real Club Recreativo de Huelva mantenía con la entidad Poientose S.L, perjudicando de nuevo la precaria situación del Recreativo".
Además, otra de las actuaciones que señala la Fiscalía es que en junio de 2008 se firma un contrato de cesión temporal de un jugador del Villarreal C.F SDA al Real Club Recreativo de Huelva, pactándose que en un futuro, si el primer equipo traspasaba dicho jugador a un tercer equipo, el Recreativo tendría derecho a obtener un diez por ciento de los derechos económicos que obtuviera de ese traspaso.
Más tarde, en julio de 2012, el Villarreal C.F SDA, traspasó dicho jugador al F.C Dynamo de Kiev por importe de ocho millones de euros,
"consintiendo el acusado, a través de un contrato celebrado con el presidente del Villarreal, que en vez de percibir el Real Club Recreativo de Huelva la cantidad de 800.000 euros que le correspondían, cobrara tan sólo la cantidad de 250.000 euros, lo que conllevó que el Recreativo dejara de percibir 550.000 euros".
Así las cosas, la Fiscalía solicita por el delito de apropiación indebida la pena de seis años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de doce meses con cuota diaria de 12 euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
Por cada uno de los delitos de administración desleal la pena de tres años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de 1,3 millones de euros, con 60 días de responsabilidad personal subsidiaria.
Asimismo, por el delito de falsificación de cuentas sociales, la pena de tres de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de nueve meses con cuota diaria de 12 euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
Como responsabilidad civil, la Fiscalía pide para el acusado y las entidades Poientose y Gildoy España, en concepto de responsables civiles directos, una indemnización al Real Club Recreativo de Huelva por la cantidad de 1,2 millones.
