El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, José Antonio Cortés, ha remarcado este martes que la administración regional, dentro del proceso administrativo abierto, estudiará "caso a caso" la situación de las viviendas de la ecoaldea de El Calabacino, en Alájar (Huelva), municipio enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
En declaraciones a Europa Press, Cortés ha mostrado su respeto por la sentencia de conformidad dictada tras el acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa del matrimonio acusado de construir una vivienda supuestamente ilegal en la mencionada aldea.
En este punto, el delegado ha recordado que en dicha sentencia se deja claro "la gravedad" de los hechos puesto que se señala que los hechos son constitutivos de un delito contra la Ordenación del Territorio, del artículo 319.1 del Código Penal, de manera que procede imponer a cada acusado la pena de un año y seis meses de prisión; así como el delegado ha dejado claro que es un hecho objetivo que "se ha cometido una irregularidad".
Además, la sentencia recoge el acuerdo de la demolición de las construcciones reseñadas en la conclusión primera a cargo de los acusados y previa elaboración por los mismos de un proyecto técnico que, con licencia del Ayuntamiento y el visto bueno de la Dirección del Parque Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, garantice la restauración total del espacio natural afectado. No obstante, no procederá dicha demolición si en el plazo de cinco años se declara por las administraciones competentes su legalización expresa.
Así las cosas, Cortés ha apuntado que su delegación, junto al Ayuntamiento de Alájar, trabaja para buscar alternativas que garanticen la convivencia entre estos vecinos y el medio natural, pero "siempre bajo el marco legal". En concreto, ha precisado que algunas de esas viviendas se podrán regularizar dentro de la figura de 'hábitat rural diseminado' al amparo del decreto 2/2012.
Tras recordar que el Ayuntamiento de Alájar trabaja en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el delegado ha recordado que el proceso administrativo está abierto en la administración regional para valorar "cada caso".
"Algunas se podrán regularizar pero no todas", ha proseguido, incidiendo en que "esta sentencia no deriva en que sea el resultado para todos los procesos". "No se va a hacer una ley solo para la aldea", ha continuado Cortés, que ha insistido en todas las normas de ámbito ambiental que hay que cumplir.
"Se podrá regularizar lo que se pueda, lo que no, pues no", ha afirmado tajante el delegado, que ha incidido en el proceso administrativo y en la necesidad de cada caso se estudie de manera individual.
