Unidas Podemos en Huelva ha manifestado este martes que "se debe aplicar una moratoria sobre todos los grandes proyectos de plantas fotovoltaicas que se están poniendo en marcha en la provincia de Huelva", con el fin de "optimizar su capacidad de generación de empleo, evitar que supongan más incrementos en el coste de la factura eléctrica y limitar sus consecuencias sobre el desarrollo local".
"Son cuestiones que estos proyectos pueden acarrear por la ocupación de sus instalaciones de terrenos que no se pueden dedicar ya a ningún otro fin como la agricultura o el turismo", según han explicado en una nota de prensa el coportavoz provincial de Unidas Podemos en Huelva y coordinador provincial de IU Huelva, Rafael Sánchez Rufo, y la responsable del Área de Medio Ambiente de Podemos Andalucía, Irene Reyes.
Por ello, Unidas Podemos ha propuesto que "todas las administraciones competentes, contando con las aportaciones de los colectivos de consumidores y organizaciones locales, puedan crear un marco regulatorio legal que dirija el desarrollo de la producción energética solar hacia el "interés común que propicia la creación de empleo, la reducción del precio de la luz y la garantía del desarrollo local".
"La ausencia de este marco regulatorio provoca la proliferación de grandes proyectos fotovoltaicos, como los que se están poniendo en marcha y ya funcionan en varios municipios onubenses", suponiendo "un gran impacto sobre el medio local además de seguir acumulando en manos de las grandes empresas la producción privada de energía".
Sánchez Rufo ha explicado que "esta situación facilita el incremento sin control de la factura eléctrica" y, como muestra de ello, "se observa la necesidad de construir grandes líneas de conducción eléctrica para evacuar la producción energética".
En la provincia de Huelva, una única empresa energética como Endesa cuenta con capacidad para generar más de 500 megavatios mediante plantas fotovoltaicas, distribuidas en hasta diez proyectos.
Según ha proseguido Sánchez Rufo, "este modelo privado de producción de energía tiene que ser controlado por los poderes públicos", además de "crear un marco legal que promueva la producción y comercialización de energía pública y con entidades cooperativas de usuario para evitar los monopolios privados responsables de que se siga disparando la factura eléctrica".
Para Irene Reyes, "la ausencia de regulación y control sobre estas instalaciones va a provocar pérdida de suelo agrícola, empleo temporal y deslocalizado, así como la pérdida de patrimonio paisajístico y la proliferación de torres de alta tensión". Todo ello, a su juicio, "genera un impacto negativo para el desarrollo local y el turismo de interior, que debe basarse en ensalzar el entorno natural y en crear un valor añadido que hagan de Huelva un destino único, con el cuidado y respeto del medio".
Según ha continuado la responsable de Medio Ambiente de Podemos Andalucía, "es imprescindible la elaboración de una instrucción por parte de la Junta de Andalucía que pueda normalizar y ordenar los innumerables proyectos de instalaciones fotovoltaicas". De esta forma se podrán hacer "compatibles con la conservación de la biodiversidad y evitar así convertir la tan ansiada transición energética en una nueva burbuja como la del ladrillo".
Reyes ha indicado que "existen alternativas viables y mucho más beneficiosas para la población y el entramado empresarial consumidor de energía", como "las instalaciones fotovoltaicas limitadas a cinco megavatios y la planificación de la ubicación de estas plantas en los municipios donde se van ubicar para impedir la saturación del entorno local".
"Es vital la creación de redes de comunidades locales de energía que fomenten el autoconsumo energético", prosigue Reyes, así como "la protección del territorio para que los grandes proyectos fotovoltaicos no impidan el resto del desarrollo local procedente de la agricultura, el turismo, la cultura y la promoción paisajista", además de "la creación de comercializadoras energéticas de carácter público, como un medio más para abaratar la factura eléctrica".
Desde Unidas Podemos insisten en que "los parques fotovoltaicos instalados en la provincia o bien van a la industria pesada, al polo químico, o bien a las empresas agrícolas cooperativas". Eso deja al ciudadano "lejos de poder acogerse a esta electricidad más barata, metiéndolos en un corralito eléctrico del que de momento no pueden escapar, ya que el autoconsumo aún no está plenamente desarrollado y hay pocas alternativas". De ahí "la importancia" de llevar a cabo "cambios en las normas para regular esta situación", ha concluido.
