“Estamos perdiendo la vida después de cuatro años y medio. No podemos ni llorar tranquilos en un rincón a nuestro hijo”. Son las palabras desconsoladas de Maribel Castilla, la madre de Javier, el joven de 27 años, vecino de Entrecaminos, que un 7 de septiembre murió tras asistir a una boda en La Calahorra (Granada). “No hay derecho. Esto no es una democracia. Tenemos una justicia lenta e ineficaz”, añade Maribel, que, junto a su esposo, Maximiano Joyanes, comienza a pensar que “no existe la justicia”.
El mes pasado, la titular del Juzgado número 2 de Guadix, María Luisa Delgado, tras volver a reabrir el caso por la muerte de Javi, que se ha cerrado en dos ocasiones, comunicó en un auto que “no es el momento procesal para hacer la valoración del informe pericial del forense de parte”. De poco han servido hasta ahora los informes de los reputados forenses Aurelio Hernández Triviño y Luis Frontela Carreras, que determinaban que la muerte de Javier no se debió a una simple muerte violenta accidental, sino que consideran que Javier no murió al caer por un barranco de cinco metros, ya que existen indicios claros de un posible atropello y arrastramiento. Según explican los padres del joven jienense, que tras haber acabado su carrera, dos días después de la boda se incorparaba a su primer trabajo en Madrid, el cuerpo presentaba signos en las muñecas y los tobillos de haber sido trasladado.
De poco sirvieron también las 40.000 firmas, que desde la ‘Asociación Projusticia para Javi’ se presentaron en la Subdelegación del Gobierno, instando a que se volviera a investigar el caso de la muerte de Javier, según explica su portavoz Cristóbal Encinas.
Sus padres se preguntan qué hay detrás de la muerte de su hijo y sólo piden que el Juzgado y la Guardia Civil investiguen las circunstancias que rodearon su trágica pérdida, porque consideran que tanto la investigación policial como la instrucción están plagadas de lagunas. Maribel y Maximiano sólo quieren que se investigue con profesionalidad y transparencia.
