Treinta horas detenidos en el calabozo de la Comisaría y traslado al juzgado esposados y fuertemente custodiados: un protocolo policial que se produce con unos investigados sí y otros no. La Policía Nacional de Jaén detuvo el pasado lunes al actual delegado Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y a tres personas más por supuesta adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad en su anterior cargo de exdirector del Área de Presidencia de Diputación, quedando en libertad con cargos ayer tras declarar en el el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, junto a dos de los empresarios, que pasaron la noche el el calabozo. El cuarto detenido fue puesto en libertad el mismo lunes. Fuentes del TSJA informaron a Europa Press que la causa se mantiene abierta y se está llevando por supuesta prevaricación administrativa. El caso se inició tras la denuncia en la Fiscalía de Jaén de un extrabajador de una de las empresas investigadas. Según el comunicado oficial de la Policía Nacional, en el que se obvia en el titular la presunción de inocencia, así como en buena parte de su contenido, la Policía investigó “la adjudicación de una campaña de publicidad específica por un importe de 60.000 euros, siempre teniendo en cuenta que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a los responsables del organismo oficial a solicitar ofertas de al menos tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato cuando su importe sea superior a los 18.000 euros. El comunicado añade tajante: “las pesquisas concluyeron en la presunta violación de la Norma”, algo que deberá sentenciar la justicia.
30 horas en el calabozo
Ante los hechos investigados, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Comisaría de Jaén, cuyos superiores son el comisario de Jaén, Jesús Herranz Torrubia y el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, mantienen a algunos de los detenidos durante 30 horas, a pesar de haber acudido de forma voluntaria, en la comisaría de Jaén y en los calabozos. Después, los detenidos, inmersos en una investigación son trasladados esposados a media mañana de ayer al juzgado para prestar declaración, tras lo cual son puestos en libertad.
Ese ‘paseíllo’ del delegado de Economía, Antonio de la Torre, no se ha producido con otros investigados, como es el caso del concejal de Personal del Ayuntamiento de Jaén, Miguel Contreras, (PP), investigado por una permuta de terrenos municipales, ni del portavoz del Grupo Municipal Socialista y diputado, Manuel Fernández, investigado por la veracidad o no de un informe sobre la existencia de legionella en las fuentes ornamentales de la capital. Tampoco los detenidos e investigados en el caso de la Cámara de Comercio fueron esposados en su traslado al juzgado, aunque estos sí durmieron en el calabozo.
Reacciones
La actuación policial provocó ayer críticas y reacciones no solo a nivel local, sino también regional. Así, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, fue muy crítico con el procedimiento “Lo que sé es lo que ha dicho la prensa. Parece que ha sido por fraccionar un concurso de 60.000 euros. Creo desproporcionado que por esta cuestión se detenga a un hombre tantas horas en comisaría para declarar, cuando lo podrían llamar tranquilamente a su casa e iría a declarar.
Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, pidió cautela: “Por lo poco que sabemos a través de los medios de comunicación estaríamos hablando de un fraccionamiento de una campaña de publicidad, que si eso finalmente es así, la actuación policial habrá sido un tanto sorprendente y llamativa”. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, se mostró convencido del buen hacer del delegado y expresó la total colaboración de la Administración provincial con la Policía y la justicia. Mientras tanto, la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, se refirió a la presunción de inocencia mientras descartaba cambios en la delegación por el momento, a la vez que el portavoz del PP en la Diputación, Miguel Contreras, pedía luz y taquígrafos sobre los contratos en materia de publicidad adjudicados.
