Este regreso coincide con la finalización de la primera de las fases del proyecto de reforma del edificio, centrado en recuperar los tramos de fachada del inmueble en mal estado.
A continuación, los trabajos encararán una segunda etapa que consistirá en valorar mediante catas el estado del resto de la fachada no sustituida ahora y desde ahí valorar qué hacer.
Según el abogado de la comunidad de propietarios, Antonio Viñas, la próxima semana los vecinos comenzarán con la mudanza para volver a reinstalarse en sus casas. Con ello se cierra la parte más engorrosa para los afectados, que se vieron obligados a abandonar sus hogares meses atrás para facilitar los trabajos.
La comunidad de propietarios asegura que espera que se reparen todos los desperfectos y se revise la fachada al completo, cuestión por la que esperan no tener que desembolsar dinero alguno.
Ayuntamiento
El concejal delegado de Patrimonio, Gabriel Orihuela, repasó también que, tras la finalización de la primera fase se ha procedido a desmontar el andamio que ocupaba parte de la calzada de la avenida Blas Infante, “con lo que la circulación queda abierta sin limitaciones”.
Orihuela redunda en que el siguiente paso consistirá en realizar “catas profundizando, además de otros ensayos, para conocer como se encuentra la fachada y poder decidir el proyecto” a desarrollar.
Así pues, en la otra mitad del edificio en la que ahora se trabaja, el andamio se ha anclado a la estructura del edificio, concretamente al forjado.
Y es que, según el concejal, el inmueble “no tiene problemas de estructuras, ni en pilares ni en forjados. El problema de los cerramientos es que no se apoyaban lo suficiente sobre los forjados porque estos se habían quedado cortos”. Por ello, aclara el edil, “la fatiga del material provocó la aparición de fisuras. Para solucionarlo se han recrecido los forjados hacia la calle, con lo que no debería haber más problemas”.
En esta línea, Orihuela matiza que, “este ha sido un problema eminentemente técnico”, con lo que “los políticos no tienen la culpa”.
Responsabilidades
Debido a que no se pudo cerrar un acuerdo sobre la distribución de los costes a los que cada seguro de cada parte implicada deberán hacer frente, la empresa constructora, Corsán Corviam, se está haciendo cargo, de momento, de los gastos que se generan.
Según parece, al no alcanzarse un pacto para el reparto de costes, una vez finalice la reparación Corsán podría demandar al arquitecto del inmueble y a los arquitectos técnicos de la dirección de obra.
La denuncia podría incluir a la promotora de las viviendas, Somixur (participada mayoritariamente por el Ayuntamiento), por lo que parte de los costes podrían acabar redundando en las arcas locales.
En cuanto a las responsabilidades, desde el Ayuntamiento se indica que, “al tratarse de un vicio oculto, éstas recaen en el constructor y la dirección de obra”.
Si bien no se ha alcanzado un acuerdo extrajudicial completo con porcentajes fijos, Orihuela sí señala, sobre una posible inclusión del Consistorio entre las partes demandadas por Corsán, que la empresa constructora “no es la más adecuada para pedir responsabilidades”.
Eso sí, el concejal delegado de Patrimonio repasa que se está llevando un “control riguroso de los costes” sobre los trabajos de reparación para evitar que estos se disparen.
En cualquier caso, el edil recuerda que “Somixur se encuentra en situación concursal”, subrayando que “el Ayuntamiento actúa en este caso exactamente igual que con otros edificios en los que no sea promotor”.
Orihuela concluye que “el Ayuntamiento nunca será un obstáculo, su única función es minimizar las molestias de los vecinos y tratar de evitar la pérdida de valor de su inmueble. Además, se exige que los trabajos que se hagan máxima diligencia”.
