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Las navieras sancionadas por Competencia por pactar precios en la OPE estudian presentar recursos

La multa por pactar precios asciende a más de 3,8 millones de euros

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Las navieras sancionadas por Competencia por pactar precios en la OPE estudian presentar recursos
 
   Las navieras Balearia, Transmediterránea (Acciona) y FRS Iberia, que han sido sancionadas por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) por acordar precios del transporte marítimo de pasajeros entre Algeciras y Ceuta en las operaciones de paso del Estrecho han manifestado su disconformidad con la sanción y estudian presentar recursos a la misma.

   Fuentes de Balearia, cuya multa asciende a 1,3 millones de euros, han defendido que la compañía cumplía la resolución de la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, que establece los periodos en los que debe haber intercambio de billetes.

   Así, han anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando el tema para, en su caso, recurrir el asunto, postura que también mantiene Transmediterránea, a la que se la impuesto una multa de dos millones de euros.

   Sin querer entrar a explicar los fundamentos de ese recurso, fuentes de esta compañía se han limitado a manifestar su postura en contra de la decisión adoptada por Competencia y a anunciar que van a recurrir la misma.

   Por su parte, los servicios jurídicos de FRS Iberia también están estudiando la sanción, que en su caso es de medio millón de euros. Las fuentes de esta compañía consultadas han señalado que la naviera está esperando el pronunciamiento de sus abogados, quienes decidirán "en breve" si finalmente también presentan un recurso.

   Los hechos sancionados por la CNC se refieren a un acuerdo de precios durante distintos periodos vacacionales de 2008 y 2009, en momentos de punta de demanda, cuando las compañías habrían llegado a un "pacto" y a la supresión simultánea del sistema de ofertas existentes hasta el momento para recuperar las tarifas generales, si bien estas eran "extremadamente similares".

   Competencia ha acreditado que las empresas estuvieron en contacto intercambiándose información sobre los precios de cada una de ellas que finalmente acordaron un precio de billetes común que resultó ser sensiblemente superior al que una de ellas había fijado antes del acuerdo.

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