El propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconocía recientemente que el Centro de Internamiento de La Piñera no reunía las condiciones adecuadas para albergar a unos 200 sin papeles, por lo que se procedería en un tiempo prudencial a su traslado a otras instalaciones. Con las negociaciones desarrolladas en diciembre, se ha dado un paso de gigante hacia la consecución de un recinto digno para estas personas.

Colectivos y personalidades como el propio Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo; el eurodiputado Willy Meyer, la asociación Algeciras Acoge, Pro Derechos Humanos Andalucía e incluso la propia Fiscalía de Cádiz han denunciado “las condiciones carcelarias” que viven los internos dentro de los muros del CIE. Chamizo manifestó recientemente que se cuestiona la legalidad de estos centros, y los colectivos sociales  recalcaron que los sin papeles “sólo han cometido faltas administrativas”, por lo que no habrían de ser retenidos.

Todo ello en el marco de la reciente Directiva europea que permite el incremento de la estancia de los inmigrantes en los recintos para facilitar los trámites de expulsión. La nueva Ley de Extranjería propuesta por el Gobierno elevaría el plazo actual previsto en la Legislación Española de 40 a 60 días.