La actuación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y la Inspección de Trabajo ha permitido detectar hasta 90 casos de explotación laboral en hospederías, bazares y clubes de alterne de la provincia en el primer semestre del año, lo que supone triplicar la cifra del mismo periodo del ejercicio anterior.
El dato fue ofrecido ayer por el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, que presidió en Jerez una reunión de la Comisión Provincial Antifraude, un órgano constituido hace unos meses para luchar contra esta lacra en cualquiera de sus variedades.
Además, gracias a la implantación de la Udyco-Bahía, en unión a la Fiscalía Provincial, se está actuando en fraudes en el caso de impuesto de sociedades, falsificaciones documentales, investigaciones patrimoniales, blanqueo de capitales asociados a operaciones contra el narcotráfico y actividades económicas ficticias.
Fruto de estas actuaciones, la Inspección de Trabajo, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria o la Fiscalía ha llevado a cabo en los primeros seis meses del año 4.742 intervenciones, que en materia de economía irregular se traducen en 694 infracciones en prestaciones por desempleo y otras 385 por ausencia de altas.
Estas intervenciones han permitido que se hayan producido, bien de oficio o de modo inducido, hasta 1.229 altas a la Seguridad Social.
El trabajo que la Tesorería General de la Seguridad Social viene realizando en la lucha contra el fraude se viene centrando en casos de empresas ficticias, sin actividad real, que simulan la contratación de trabajadores; casos de empresas con alguna actividad económica real; y la utilización de nombre y códigos de empresas cerradas, simulando el reinicio de la actividad y la contratación de trabajadores, incluso contando con el conocimiento de sus representantes.
La reunión se celebró en el Ayuntamiento y contó con la presencia de la alcaldesa, María José García-Pelayo.
Taxistas y hosteleros, entre los colaboradores contra el fraude
El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, destacó la importancia de la comisión provincial como órgano de coordinación “no sólo con las entidades y organismos públicos”, sino también con colectivos profesionales y asociaciones “que intentan también que todos los ciudadanos puedan cumplir con las leyes y marginar al defraudador, al que no cumple las normas”.
En este sentido, De Torre resaltó la colaboración de gremios como los de estanqueros, taxistas, veterinarios, hosteleros o transportistas, entre otros, así como “el valor añadido” que tiene el hecho “de que los colectivos y ciudadanos sean cada vez más conscientes de la necesidad de que el defraudador esté sólo frente a la propia sociedad”, que aplica “las herramientas que tiene en su poder” para tratar de erradicar este tipo de prácticas. La Comisión Provincial Antifraude se puso en marcha el 29 de noviembre pasado, siendo esta su tercera reunión.
