La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado viernes la entrada envigor del acuerdo convenio para la plantilla municipal con las modificaciones planteadas desde Intervención y la Subdelegación del Gobierno. Sin embargo, nadie parece poder cantar victoria por ahora, al tiempo que se han recrudecido las diferencias entre los sindicatos que representan a los trabajadores del Ayuntamiento, a un lado la CGT y el SIP, y al otro la ATMJ, UGT y CCOO. UGT y CGT ya han vivido episodios de tensión a lo largo de la semana, aunque la mayor parte de las miradas se destinan a la Asociación de Técnicos Municipales de Jerez, contra cuya presidenta, Mila Abascal, han vuelto a aparecer este viernes pintadas insultantes -incluso en su propia vivienda- que, esta vez sí, han sido denunciadas ante la Comisaría de Policía.
No obstante, la pugna de la ATMJ, más que entre sindicatos, es ante el Gobierno Municipal, y este viernes esgrimió nuevos argumentos que elevan las dudas acerca de la viabilidad del acuerdo convenio aprobado. Los mismos se centran en los informes jurídicos que, supuestamente, avalaban la entrada en vigor del documento y que, “una vez analizados”, a posteriori de la reunión de la Mesa General de Negociación, dejan ‘en entredicho’ la versión oficial, ya que la ATMJ concluye que “ninguno de ellos avala la legalidad del contenido del texto del acuerdo convenio”.
El sindicato que agrupa a los técnicos municipales denuncia asimismo que no obtuvieron una copia de los mismos hasta dos horas después de celebrada la reunión de la citada Mesa. “Es decir, los miembros de la Mesa desconocían el contenido de dichos informes previamente a la celebración de la misma, pese a que la ATMJ los solicitó, y los sindicatos que votaron el texto del acuerdo convenio, lo hicieron con su desconocimiento”, critican desde el sindicato.
En este sentido, y una vez analizados los cinco informes, la ATMJ concluye que el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno “no cuenta con ningún informe que concluya que su contenido cumple con la legalidad vigente y tampoco cuenta con el preceptivo informe de fiscalización de la intervención municipal”, por lo que insiste en que el convenio “es ilegal” y que actuarán en consecuencia.
los informes
La ATMJ ha hecho una evaluación de cada uno de los informes para subrayar aquellos aspectos que, en su opinión, incumple el acuerdo convenio.
El primero de ellos es el del Director de Servicio del Gabinete Jurídico, que “concluye que es necesaria la negociación y votación de las materias específicas de los funcionarios y de los laborales en sus respectivas Mesas independientes. Por tanto, la negociación de las materias específicas del personal funcionario y las del personal laboral en la Mesa General Común, vicia de nulidad lo acordado”.
El segundo es el del Director de Servicio de Asistencia Jurídica, del que critica que “no analiza jurídicamente la viabilidad legal del contenido del Convenio” y que “es en sí mismo una explicación de por qué todas las actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de los recursos humanos se vienen realizando tan mal”.
Con respecto al informe del Jefe de Sección de Relaciones con las Administraciones Territoriales de la Subdelegación del Gobierno, denuncian que “no está firmado y se realizó en menos de 24 horas, ya que tiene la misma fecha que el escrito de petición de la alcaldesa. Pero lo más importante del informe es que por dos veces afirma que esta fase del procedimiento, con las subsanaciones del borrador que propone, se adecua a la legalidad, pero que el informe jurídico completo debe emitirse tras la aprobación definitiva del convenio. Por tanto, este escrito no es un informe jurídico completo del texto del acuerdo/convenio y veremos cuál será su contenido cuando se emita”.
Sobre el informe del despacho Sagardoy Abogados, “que ha costado 3.000 euros, no entra a analizar el contenido del texto del convenio, sino que se limita a disertar, al igual que los dos informes anteriores, sobre la posibilidad legal de que exista una Mesa General Común, lo que no se ha discutido nunca, porque el EBEP establece que en las Administraciones Públicas ha de existir obligatoriamente esta Mesa. Lo que la ATMJ viene planteando es la obligatoriedad, también impuesta por el EBEP, de que exista también una Mesa de Funcionarios y otra de Laborales para que en estas Mesas se negocien las materias que el EBEP regula específicamente para cada una de ellos, tal como expone el informe del Dr. del Gabinete Jurídico. Por tanto, el Ayuntamiento se ha gastado 3.000 euros en un informe que se limita a transcribir lo que dice la Ley sobre un tema que no es el discutido y omite cualquier mínimo pronunciamiento sobre la legalidad del texto del convenio”.
Del informe del Director de Servicio de Personal y del Jefe del Departamento de Nóminas y Administración de Personal, exponen que “sólo analiza el cumplimiento de la Ley de Presupuestos por lo que respecta a la masa salarial del personal laboral, pero omite lo relativo al cumplimiento respecto al incremento de las retribuciones de toda la plantilla”.
Por último, sobre el informe de la de la Intervención Municipal, concluye que “no procede a validar el informe del Director de Servicio de Personal, ni contiene ninguna fiscalización del contenido del acuerdo convenio y, por ello, no contiene pronunciamiento alguno sobre la adecuación o no a la legalidad vigente”.
A tenor de lo cual, la ATMJ expone que “no comprende el empeño del Gobierno Municipal por adoptar acuerdos que infringen la normativa vigente”, aludiendo al “autoengaño” que supone asumir informes que “en ningún caso entran a analizar jurídicamente el contenido del acuerdo, con la única intención de decir que cuentan con los informes preceptivos, lo cual puede valer hasta que se procede a su lectura”.
