El Ayuntamiento va a solicitar a la Diputación Provincial la elaboración de una serie de informes que aclaren “jurídica y técnicamente” en qué situación se encuentran los propietarios de viviendas que acudieron a los tribunales denunciando cobros supuestamente irregulares de tasas por vados.
La iniciativa del Gobierno local se produce después de que el PP se interesara ayer en Pleno por esta cuestión y de que meses atrás se dictaran las primeras sentencias favorables a los vecinos.
El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Santiago Galván, advirtió en cualquier caso de que otras sentencias son “contradictorias”, de ahí precisamente que se vayan a solicitar esos informes a la Diputación Provincial, que fue la administración que gestionó el cobro de esas tasas entre los años 2006 y 2009, que es el periodo objeto de controversia.
Galván se mostró cauto al respecto, así como poco partidario de alimentar las esperanzas de los vecinos que presentaron demandas contra aquellos cobros supuestamente irregulares.
El portavoz adjunto del grupo popular, Antonio Saldaña, explicó mientras tanto que los vecinos estarían dispuestos a alcanzar acuerdos de compensación de tasas e impuestos con las administraciones afectadas, no limitándose por tanto a exigir la devolución de las cuotas abonadas en ese periodo.
Una larga lucha vecinal
La institución provincial pasó al cobro las tasas por vados correspondientes al periodo comprendido entre 2006 y 2009, valiéndose para ello de una serie de inspecciones a las cuales no dan validez los juzgados. Se dieron casos tan llamativos como el de pretender cobrar vados con efecto retroactivo en urbanizaciones que ni siquiera se habían construido, como ocurrió en Pozoalbero, cuyas escrituras se firmaron a finales de 2007.
El caso es que los propietarios afectados debieron hacer frente a esas tasas -que oscilaron mayoritariamente entre 900 y 1.000 euros en cada caso- al tiempo que iniciaron las reclamaciones por vía judicial. En algunos casos, la Diputación llegó a embargar algunas pensiones de jubilación para cobrarse las tasas; y en otros se reclamaron estas tasas a personas mayores que ni siquiera tenían vehículo.
