Cuando Sandra Pérez se graduó de Ciencias del Mar en la Universidad de Cádiz lo hizo con la ilusión de comenzar unas prácticas que, según cuenta, le encantaron: “Hice unas prácticas en la depuradora de Jerez y me gustaron tanto que decidí realizar un máster que me permitiera integrarme en dicho sector laboral. Hice el Máster de Gestión Integral del Agua a lo largo del año 2011, ofertado por mi propia facultad”.
Hasta ahí, podría ser el currículum académico de cualquier egresado de cualquier universidad española. Con la diferencia de que Sandra se enfrentaría a partir de ahí a una deuda inasumible ante la imposibilidad de encontrar , como otros muchos jóvenes graduados entre 2007 y 2011, solicitó el llamado Préstamo Renta Universidad (el PRU), un tipo de préstamo que el Ministerio de Educación aprobó ofrecer a los jóvenes titulados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) bajo unas condiciones ventajosas, que le permitieran afrontar el coste de sus estudios de posgrado, y devolver más adelante el dinero, una vez encontraran trabajo, según decía la primera convocatoria de estas becas, la de 2007/2008.
Las condiciones ventajosas de las que hablaba el Ministerio de Educación para la primera convocatoria de estas becas era un 0% de interés, y la posibilidad de posponer la devolución del dinero prestado hasta que el estudiante no encontrase un trabajo que le permitiera ingresar más de 22.000 euros anuales. El préstamo contemplaba además que al cabo de 15 años, la deuda prescribiría con independencia de lo que quedara por pagar. Esto animó a muchos titulados a solicitar el préstamo para, como Sandra, devolverlo en cuanto encontrara trabajo: “en un principio solicité la beca, pero hasta finales de marzo no me llegó denegada, así que ya con medio curso hecho me negaba a darme de baja. Me comentaron la existencia de estos préstamos y me decidí a pedirlo. Pedí 3200 euros, lo necesario para la matrícula y los meses que me quedaban, para poder pagarme el transporte, la comida, el desplazamiento de sus posteriores prácticas, etc.”.
Al año siguiente, las condiciones se endurecieron. Así en las convocatorias de 2008/2009 y 2009/2010, la condición del umbral de renta de 22.000 euros se aplicaba solo para el primer año de devolución. Y al segundo año, era obligatorio devolver el dinero. Y en el curso 2010/2011, el Ministerio de Educación suprime la condición del umbral de renta: la devolución era obligatoria sin posibilidad de posponerla, tuviera o no trabajo el estudiante; y sube el interés del 0 % al 3 %.
Para el curso 2011/2012, el Ministerio de Educación derogó el PRU pocos días antes de acabar el plazo de solicitudes, por lo que todos los graduados que solicitaron el PRU en fecha, quedaron desamparados al desaparecer este tipo de ayudas. Entre los que no llegaron a percibir el PRU por ser este derogado, y los que se vieron afectados por el endurecimiento de las condiciones de pago del préstamo, nació en 2013 la Plataforma de Afectados por el PRU, que entre sus victorias cuenta el haber logrado que el Ministerio aprobara una enmienda para ampliar el plazo de devolución 2 años para los afectados del curso 2010/2011.
La enmienda fue insuficiente, porque los índices de paro juvenil continúan siendo, a día de hoy, alarmantes a pesar del mensaje de la recuperación económica: cerca del 50 % de los jóvenes de este país no tiene trabajo, por lo que resulta misión imposible devolver el préstamos que solicitaron al Ministerio, el ICO y al Banco Santander, con la intención de completar su formación y poder acceder en mejores condiciones a un mercado de trabajo que, finalmente, parece no tener hueco para ellos.
“Aún sigo pagando el máster. Me lo concedieron en mayo de 2011, con una carencia de dos años y un período de liquidación total de 4 años, así que en junio de 2013 empecé a pagarlo”, explica Sandra, que además reconoce que “nada de lo que he hecho hasta ahora me ha valido para encontrar trabajo”.
Esta joven de San Fernando explica que el importe de su préstamo no fue demasiado elevado: “y tengo una cuota asequible, pero tengo compañeros que pidieron el máximo, unos 14000 euros para un año”.
Pero la situación tanto para ella como para otros afectados es una espiral de la que es difícil salir sin un trabajo: “como sigo sin encontrar nada relacionado con mi carrera ni un trabajo en condiciones, llevo un tiempo que me dedico a limpiar la escalera de un bloque de pisos, una casa, doy clases particulares y ahora soy también oficial de mesa de baloncesto”.
“A pesar de que parecen muchas cosas no es que me dé para mucho, pero bueno algo es algo y se va ahorrando lo que se puede mientras voy pagando la deuda”.
Sandra Pérez quiere irse de España “en cuanto pague la deuda y consiga ahorrar”, ante la falta de expectativas laborales.
“Además necesito ya una oportunidad y empezar a hacer mi propia vida y poder sentirme independiente. La verdad es que todo esto en general me está afectando mucho psicológicamente, personalmente y profesionalmente”, lamenta.
