El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz, sensible con las "pérdidas acusadas" que se están provocando en el campo gaditano, debido a la sequía que se viene padeciendo desde hace unos años va a solicitar en el próximo pleno ordinario de la Diputación al Gobierno central que se aprueben una serie de medidas "que palien la dramática situación que padecen muchos agricultores y ganaderos".
Según informa la formación socialista en una nota, por esa razón, se ha marcado como prioridad la petición de que se apruebe, con carácter urgente, un nuevo decreto que incluya las zonas afectadas por la sequía y contemple nuevas mediadas para paliar los efectos producidos por esta.
Para el PSOE ese decreto debe ir ligado a la creación de un fondo extraordinario destinado a financiar medidas y ayudas directas con el fin de compensar las pérdidas producidas por la sequía y otras adversidades climáticas en las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas, así como para la compra y transporte de alimentación en las explotaciones ganaderas afectadas y, obviamente, dotarlo económicamente.
Así pues, el Grupo Socialista ha considerado indispensable la creación de una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a explotaciones agrícolas que hayan recogido menos del 60 por ciento de sus cosechas, así como a las explotaciones ganaderas afectadas.
Además, desde el PSOE se ha pedido que se tenga una especial sensibilidad con los intereses en los créditos dirigidos a las explotaciones cuyos titulares sean jóvenes, mujeres y agricultores profesionales.
En cuanto a las medidas fiscales, en relación con el IRPF, los socialistas quieren que se establezcan mejoras para los sectores afectados por la sequía, tanto en el régimen de módulos como en el de estimación directa. También han solicitado en su propuesta que se extinga en el pago de las cuotas del IBI rústico correspondiente al ejercicio de 2017 para agricultores y ganaderos afectados por la situación de falta de agua, así como tener previsto una compensación a los ayuntamientos damnificados por la pérdida de este impuesto.
Igualmente, el PSOE pretende también con su propuesta abarcar un amplio catálogo de medidas que sean verdaderamente efectivas para los afectados por la sequía. Por esa razón, pedirán al Gobierno de España en el pleno de Diputación que se aprueben moratorias en pagos a la Seguridad Social por contingencias comunes de los sectores afectados por la sequía, por el período que dure esta situación, manteniendo la consideración de dicho período como cotizado.
En esta misma línea, han pedido reducir el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por el agostamiento hídrico.
De igual modo, han puesto su foco en querer impulsar la formalización de convenios con las entidades financieras que gestionan las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para propiciar un adelanto de los pagos y que dicho adelanto se realice a coste cero para los agricultores y ganaderos, así como que se flexibilice, en la medida de lo posible, los requisitos y condiciones que han de cumplir los agricultores y ganaderos para obtener ayudas derivadas de la PAC. De ese modo, han contemplado la reducción de tarifas eléctricas a los agricultores de zonas afectadas por la sequía y otras adversidades climáticas.
Además, los socialistas han incluido en su propuesta incrementar la aportación de la Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios con el objetivo de reponer la aportación de 300 millones de euros, así como adoptar las medidas necesarias para garantizar la tramitación urgente y el pago inmediato de las pólizas de siniestro presentadas.
Tampoco se han olvidado de solicitar que se apruebe e implemente el Plan Nacional de Reutilización de Agua, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
Por último, para el PSOE es fundamental abordar de manera urgente la puesta en marcha de una auténtica política hídrica sostenible que, con carácter estructural, desde una perspectiva integral y en colaboración con todas las administraciones y agentes implicados, aborde una planificación hidrológica basada en la gestión integrada de la política del agua y una ordenación de los recursos hídricos que extreme la eficiencia en el uso del agua y proteja los ecosistemas fluviales y muy especialmente los acuíferos.
En definitiva, que se apueste por métodos como la desalación, así como por la reutilización de las aguas previamente tratadas, con el fin de fomentar la participación pública en los procesos de tomas de decisiones y que se defienda de este modo el derecho al acceso al agua como derecho fundamental de la ciudadanía.
