La crispación laboral no ha cesado en los juzgados de toda España, y en los de Málaga no iba a ser la excepción, después del acuerdo suscrito el pasado 28 de marzo entre tres asociaciones profesionales de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Gobierno central, por el que se reconoce un aumento retributivo mensual a este último cuerpo superior (4.379 secretarios en toda España) en cuantías de entre 430 y 450 euros brutos mensuales.
Tras 45 días de huelga desde el pasado 24 de enero, los antiguos secretarios judiciales dieron por finalizada la protesta indefinida y son ahora los funcionarios de los cuerpos generales (Gestión, Tramitación, Auxilio y médicos forenses) los que han puesto sobre la mesa del Ministerio de Justicia sus demandas económicas, y han anunciado una huelga con paros parciales a partir del 17 de abril.
Cuatro organizaciones nacionales (CSIF, STAJ, UGT y CC OO), másla Confederación Intersindical Gallega (CIG), han anunciado la convocatoria de este paro para reclamar "una subida digna para los 45.000 funcionarios" del Ministerio*, entre los que se encuentran los cerca 1.950 que trabajan en los juzgados de la provincia de Málaga.
En este censo, no estarían incluidos los 157 letrados de Justicia malagueños, a los que sí afecta el acuerdo de mejora salarial, a aplicar entre enero de 2023 y diciembre de 2024.
Representantes sindicales de Justicia de Málaga han comenzado este viernes a informar a los funcionarios de las medidas acordadas por las organizaciones en Madrid, y *para el próximo 12 de abril está prevista una concentración frente a las puertas del Ministerio que dirige Pilar Llop*.
Una protesta que se augura será masiva puesto que el descontento ha ido en aumento 24 horas después de conocerse el acuerdo económico entre los LAJ y el Gobierno. Es decir, un agravio retributivo, consideran, entre los 'jefes' o directores de la Oficina Judicial y sus subordinados en la tramitación de los expedientes judiciales.
Reuniones y protestas después de Semana Santa
Después de Semana Santa, el lunes 10 de abril, los sindicatos de Málaga se reunirán previsiblemente en la Ciudad de la Justicia, para concretar las movilizaciones que supondrán "una puntilla más a la situación en la que se encuentra este servicio público". A ellos se uniría también USO, que cuenta con representación sectorial en Andalucía.
Según explicaron fuentes de la Junta de Personal de Justicia de Málaga,"existe un fuerte malestar entre los funcionarios por este incremento a los LAJ, mientras que a nosotros se nos niega una subida salarial para los 45.000 funcionarios".
Los sindicatos recuerdan que muchas de las funciones que los secretarios se atribuyen están siendo realizadas por los gestores, tramitadores y antiguos agentes judiciales. Citan como ejemplo el acudir a los juicios, que la ley relevó a los LAJ de hacerlo y que han sido sustituidos por personal de auxilio. La mayoría de las vistas se graban para que el fedatario público (LAJ) o los jueces puedan luego cotejar las manifestaciones o declaraciones periciales realizadas por las partes.
"Los registros de anotaciones de condenas, por ejemplo, las están realizando los funcionarios a los que los LAJ les dan una clave. Hay secretarios en Málaga que incluso no hacen ni la estadística, cuando es una función que tienen asignada"*, recuerdan desde la Junta de Personal.
Sin embargo, tras la reforma de la ley en 2009, los letrados sí han asumido la elaboración de decretos y otras resoluciones que antes las hacían los jueces mediante providencias y autos.
"Ellos han reivindicado durante la huelga ante el Ministerio unas funciones que muchos no hacen y les han subido el sueldo. Y no es justo que si nosotros, los funcionarios de los juzgados, las estamos realizando no se nos aumenten las nóminas. Hace menos de un año, a los LAJ les subieron unos 200 euros más al mes, y ahora creemos que el Ministerio nos debe escuchar", apostillaron.
Grave atasco en los tribunales
Sobre la situación en la que han quedado los juzgados de Málaga después de la huelga de 45 días, desde la Junta de Personal se califica "de muy grave", y se añade que "los funcionarios hemos estado trabajando en la medida de lo posible, aunque se hayan dado, en algún caso en secciones de la Audiencia Provincial, indicaciones de dejar de hacer nuestro trabajo para ordenar armarios, o no poder tramitar con la fecha del día". Estas circunstancias han sido comunicadas al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía.
El pasado 20 de marzo, en víspera de la firma del preacuerdo con el Gobierno, *el Comité de Huelga de los LAJ informó que se habían suspendido 356.000 juicios en toda España, había 424.000 demandas pendientes de registrarse en los juzgados (41.500 en Madrid) y 1.280 millones de euros paralizados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.
La aglomeración de expedientes en los juzgados es tal que la Secretaría de Estado de Calidad del Servicio ha dictado el pasado martes una circular respecto a las notificaciones electrónicas a abogados, procuradores, ciudadanos, empresas y administraciones.
Las mismas se harán teniendo en cuenta que "el propio sistema informático impedirá que se supere en más de un 50% al día el volumen ordinario de los actos", *tal y como se hacía antes de la huelga y estaba programado.
Se recomienda, por ello a los LAJ, que repartan de forma gradual el exceso de notificaciones acumuladas en diferentes días para no colapsar la aplicación de Lexnet, al tiempo que se autorice a los funcionarios que puedan comunicar las notificaciones no urgentes.
