Los acusados en el caso 'Malaya' podrán decir este lunes su última palabra en el juicio celebrado en Málaga contra la presunta trama de corrupción con epicentro en la localidad de Marbella y que ha sido considerado como la mayor causa judicial. Tras esto y casi 200 días de sesiones, en las que han declarado los procesados y unos 400 testigos y peritos, se prevé que quede visto para sentencia.
Exalcaldes, exconcejales, empresarios, abogados y Juan Antonio Roca, como presunto jefe de esa supuesta organización, están acusados en relación con esta denominada trama, vinculada al urbanismo y cuya investigación provocó por primera vez en la historia de la democracia la disolución de un ayuntamiento. En total, tras el juicio, hay 86 acusados.
Para el ejercicio del derecho a la última palabra, el Tribunal encargado de enjuiciar el caso, presidido por el magistrado José Godino y formado, además, por Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, ha previsto dos o tres minutos por cada acusado y les advertirá de que no se trata de volver a hacer una nueva declaración ni argumentaciones jurídicas.
El orden de intervención de los acusados será el del escrito del ministerio fiscal, por lo que inicialmente, y si no hay cambios de última hora, Roca será el primero que podrá hablar. Según han señalado a Europa Press distintas fuentes judiciales, algunos procesados no tienen intención de ejercer este derecho y otros, se lo están pensando. En cualquier caso, todos serán nombrados.
Los letrados que defienden a los acusados han coincidido en elogiar, tanto en sus informes finales como fuera del plenario, la labor y la consideración mostrada por el Tribunal, por la secretaria judicial y por todos los funcionarios que han intervenido en el desarrollo de este juicio, que comenzó el 27 de septiembre de 2010 con las cuestiones previas y cuya sentencia se prevé que se dicte entre seis u ocho meses.
LAS ACUSACIONES Y LAS DEFENSAS
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Roca de los delitos de blanqueo de capitales continuado, cometido en el ámbito de una organización en la que él es el "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo. Por esto, solicita en total 30 años de prisión y multa de unos 800 millones, mismas peticiones que en su escrito inicial.
El representante del ministerio público ha pedido una sentencia "ejemplar", ha retirado al final la acusación para nueve de los 95 acusados y ha llegado a un acuerdo con tres de los procesados. Mantiene que Roca amasó un patrimonio "muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento, mientras su defensa sostiene que ya tenía un patrimonio previo importante y que era un empresario de éxito.
Esta acusación considera que para encubrir la titularidad de sus bienes "ilícitamente obtenidos", Roca constituyó "una verdadera organización" que, "bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio". Para la defensa del principal acusado nunca hubo ocultamiento y no existía una organización ni testaferros, sino fiduciarios y administradores "reales" de las empresas.
Sostiene el fiscal, que ejerce la acusación al igual que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, que Roca dirigía "totalmente el Ayuntamiento" y que aprovechó esto para negociar con empresarios, que "estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", nuevos parámetros urbanísticos de terrenos, bajo el compromiso de incluirlos en la revisión del plan general.
Esos fondos eran supuestamente "repartidos, destinando una parte de ellos a retribuir a las autoridades y funcionarios municipales, consiguiendo de ese modo que se limitaran en todo momento a aprobar todo lo que les propusiera por el referido procesado, sin oponer objeción alguna", señala el ministerio público en su escrito de conclusiones definitivas.
Las defensas de empresarios y administradores de sociedades de Roca han defendido sus negocios y su actuación, negando conocer su supuesto pasado delictivo; mientras que las de los exediles han insistido en que no hay pruebas de que cobraran ese dinero, ni siquiera los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, que para las acusaciones son la contabilidad de pagos y cobros.
Roca ha admitido que pagó, pero a los portavoces del equipo de Gobierno --Marisol Yagüe por el GIL, Isabel García Marcos por el PSOE y Carlos Fernández, que está fugado, por el PA-- y sólo para mantener unido este tripartito. Yagüe y García Marcos lo han negado en los careos que mantuvieron con el principal acusado, quien, además, ha validado parte de los archivos Maras, aunque no las identificaciones de todas las iniciales. Por ejemplo, para Roca JM no es Julián Muñoz.
Además de pedir la absolución, las defensas han criticado, duramente en algunos casos, la instrucción realizada, considerando que se ha producido violación de derechos fundamentales. Así, han instado a la nulidad de declaraciones judiciales, arrestos, registros, intervenciones telefónicas, resoluciones judiciales, etcétera.
