La Fiscalía de Málaga ha mantenido la acusación para el empresario José María Gil Silgado por un delito contra la Hacienda Pública en el juicio celebrado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 7 de la capital malagueña, que ha quedado visto para sentencia, según han informado fuentes judiciales, quienes han apuntado que se ha rebajado la petición inicial de pena respecto al otro procesado en este procedimiento.
El fiscal sostiene en sus conclusiones elevadas a definitivas, que el empresario, que también fue presidente del Xerez, era administrador único desde diciembre de 2003 de una empresa, sobre la que se acordó orden de carga en plan de inspección tributaria en 2004, que era propietaria de una finca formada por varias parcelas. La mercantil vendió esta parcela días más tarde de ser el acusado administrador por 3,3 millones de euros más IVA.
Pero, según el escrito de acusación del ministerio público, este procesado "no presentó declaración de IVA ni ingresó cuota alguna en el Tesoro Público a la fecha de extinción del plazo de ingreso", el 20 de enero de 2004, y "para eludir cualquier responsabilidad tributaria, "se concertó" con el otro acusado "al que utilizó como mero testaferro", nombrándole administrador días después de la operación de venta.
De esta forma, era a este segundo acusado al que, según la ley, "le correspondía la liquidación del tributo, aunque la gestión real de la citada empresa era asumida por el primer procesado", indica la acusación fiscal, que pide tres años de prisión y multa de un millón de euros para el empresario, que se acogió a su derecho a no declarar en el juicio. En cuanto al otro procesado, el fiscal ha rebajado a seis meses de cárcel y a algo más de 250.000 euros la solicitud.
