Una treintena de los 280 procedimientos judiciales abiertos a raíz de los impagos de las facturas de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) por parte de vecinos del distrito malagueño de Palma-Palmilla se han resuelto ya y lo han hecho con una solución negociada, según ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. Además, ha indicado que las entidades Facua, Al-Andalus y la Unión de Consumidores de Málaga (UCE Málaga) se han puesto a disposición de estos clientes para ofrecerles su asesoramiento.
Según Jiménez, quien ha precisado este jueves que en Palma-Palmilla hay unos 9.000 abonados, de los que 1.796 tienen algún tipo de débito con Emasa, se ha llegado ya a un reconocimiento de 300.000 euros de deuda. Los acuerdos, tras el estudio de cada caso, pueden pasar, incluso, por el fraccionamiento del pago hasta 2020 "y en las mejores condiciones posibles".
De igual modo, el edil de Medio Ambiente, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la concejala de Palma-Palmilla, Mar Torres; el gerente de Emasa, José Luis Rodríguez; representantes de las tres federaciones de consumidores, y algunos vecinos, ha recordado que existe un fondo social creado en 2012 por la sociedad municipal y dotado con 144.000 euros para poder dar bonificaciones en esta materia, de los que ya se han gastado 20.000 euros, que han tenido a 25 familias como beneficiarias. Actualmente, están en estudio otros 63 casos.
Como ha dejado claro Jiménez, "en ningún caso Emasa ha reclamado ni va a reclamar ninguna cantidad a un abonado que no haya sido consumida". "Por ello, las asociaciones de consumidores determinarán la deuda correspondiente", ha apuntado, añadiendo que el Ayuntamiento "no va a escatimar medios para dar facilidades a los vecinos".
Jiménez ha hecho mención, igualmente, al plan de acción liderado por los Servicios Sociales del distrito Palma-Palmilla para estudiar cada caso, de modo que se pueda establecer un pago diferido o contemplar las correspondientes bonificaciones.
Al respecto, la edil responsable del distrito ha incidido en que "desde el minuto uno intentamos detectar cuáles son aquellos vecinos que pudieran tener alguna deuda, actuando siempre del mismo modo, sea mayor o menor".
Tras estudiar los Servicios Sociales del distrito la situación socioeconómica de cada familia, se plantea una posible solución, que se traslada a los trabajadores de Emasa, ha explicado Torres.
Y es que, como han recordado ambos concejales, Emasa mantiene abierta desde el pasado mes de febrero la negociación con estos clientes de Palma-Palmilla afectados por retrasos en el pago del consumo facturado.
La constitución entonces de una mesa técnica para el estudio de cada caso supuso el inicio de una moratoria en la reclamación judicial de las deudas pendientes, a la que se dio un plazo de dos meses, prorrogados otros dos, para dar tiempo a finalizar todo el procedimiento.
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES
En cuanto a las asociaciones de consumidores, las tres se ofrecen a los vecinos para, "de manera imparcial", estudiar cada caso y asesorar a aquellos que no estén de acuerdo con las cantidades reclamadas.
Así, Dolores García, en nombre de Facua Málaga, ha afirmado que se deben tener en cuenta tres premisas: "hay que pagar el agua, hay que cumplir la ley y se deben establecer medidas que tengan en cuenta la situación socioeconómica de cada familia".
Han hecho hincapié, asimismo, en que, por el momento, no han recibido por parte de los clientes de Emasa en este distrito de la ciudad ninguna petición formal solicitando su intervención.
SUPUESTAS COACCIONES
Preguntado por el hecho de que la Fiscalía de Málaga haya iniciado diligencias de investigación penal tras las denuncias presentadas por vecinos de esta barriada sobre supuestas coacciones en los acuerdos firmados con Emasa para resolver la deuda, el concejal de Medio Ambiente ha dicho no tener "ningún conocimiento" al respecto.
De hecho, Jiménez ha comentado que en su momento "se investigó este asunto y no se detectó nada que pudiese indicar que hubiera algún tipo de coacción".
