La Policía Nacional, en el marco de una operación contra la trata de seres humanos en la que ha detenido a 30 personas, ha desarticulado una organización criminal compuesta por ciudadanos búlgaros, albaneses y españoles que presuntamente controlaba la prostitución de ciudadanas búlgaras en Puerto Banús, en el municipio malagueño de Marbella, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

   Los proxenetas contaban con cuatro viviendas en el propio puerto, donde llevaban a sus clientes --principalmente turistas--, y que eran regentadas por cuatro mujeres encargadas de cobrar por los servicios mediante Terminales Punto de Venta (TPV) asociados a empresas del entramado delictivo y de controlar a las chicas.

   En muchos casos, aprovechando el grado de intoxicación etílica de los hombres o tras suministrarles alguna sustancia, efectuaban cuantiosos cargos fraudulentos con sus tarjetas bancarias en los TPV.

   A través de un entramado de empresas blanqueaban los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas, dinero que era devuelto en metálico a los explotadores con la mediación de un ciudadano albanés y de su pareja.

DETENCIONES EN TORREMOLINOS, MARBELLA Y ALGECIRAS

   La operación, en la que han participado 115 agentes y se ha desarrollado en el marco del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesto en marcha por la Policía Nacional, se ha saldado con la detención de 30 personas en las localidades malagueñas de Torremolinos y Marbella y en Algeciras (Cádiz), 24 de ellas de nacionalidad búlgara, cuatro españolas, una albanesa y una francesa.

   Asimismo, se han llevado a cabo 27 registros domiciliarios en los que se han intervenido 30 gramos de cocaína, 10 TPV, 62.096 euros, 1.960 libras esterlinas, 152 dólares americanos y cantidades menores de otras divisas. Por otra parte, se ha conseguido el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y activos financieros, de seis propiedades inmobiliarias, de 15 coches y tres motocicletas.

   La investigación se inició en septiembre de 2012, una vez que los investigadores constataron el aumento de la prostitución callejera en el lujoso puerto deportivo de Puerto Banús. Los investigadores observaron cómo diariamente, al menos dos furgonetas llegaban a este lugar cargadas con mujeres que, a excepción de la conductora, se bajaban del vehículo para ejercer la prostitución durante toda la noche en las calles.

   Una vez que contactaban con sus clientes en plena calle o en los diferentes pubs de esta zona, se desplazaban a una serie de viviendas ubicadas muy próximas con el fin de consumar el servicio sexual. Al final de la noche eran recogidas en las inmediaciones de Puerto Banús y trasladadas a la localidad de Torremolinos, donde al parecer vivían con sus respectivos explotadores, que en ocasiones eran sus propias parejas.

   Según la Policía, entre ellos formaban un grupo que se conocía perfectamente, reuniéndose en lugares comunes y realizando actividades de ocio variadas, manteniendo en todo caso un alto nivel de vida, no constándole a ninguno medio de vida legal conocido.

UNA VÍCTIMA, BRUTALMENTE AGREDIDA

   De forma paralela, se recibió una denuncia de una ciudadana búlgara que había sido retenida contra su voluntad y víctima de una violencia extrema por parte de un ciudadano de su misma nacionalidad, tras haberse negado a seguir ejerciendo la prostitución para él.

   Más tarde, relató como fue traficada, siendo captada en su país por un ciudadano turco, que la llevó en primer lugar a Alemania para ejercer la prostitución en este país y posteriormente a Torremolinos. Ya en España fue vendida a un ciudadano búlgaro que la explotaría en Puerto Banús.

   A esta mujer se le aplicó el protocolo de víctimas de Trata de Seres Humanos, encontrándose en la actualidad bajo protección de una organización especializada en el tratamiento de estas víctimas y su inserción social.

BLANQUEO DEL DINERO

   Estas ciudadanas, además de ejercer la prostitución, en muchos casos suministraban a sus clientes sustancias estupefacientes o bien aprovechaban el alto grado de intoxicación etílica de estos, para sustraerles las tarjetas de crédito y realizar importantes cargos fraudulentos tanto en metálico como a través de TPV que había en las viviendas donde ejercían la prostitución.

   A la vista de los importantes beneficios económicos que generaban tanto la prostitución como los fraudes obtenidos con las tarjetas bancarias, se inició un estudio minucioso de las empresas asociadas a los datáfonos, comprobando la existencia de un complejo entramado financiero constituido por varias mercantiles dirigidas por ciudadanos españoles.

   A través de estas mercantiles se blanqueaba dinero proveniente de estas actividades, dinero que posteriormente era devuelto en metálico a los ciudadanos búlgaros que componían el núcleo de la organización. Para hacérselo llegar contaban con la intermediación de un ciudadano albanés y de su pareja, de nacionalidad búlgara.

   Las empresas constituidas a estos efectos, eran empresas dedicadas a la explotación de bares y de un club de alterne en Arcos de la Frontera (Cádiz), negocios con una escasa actividad real y que en ningún caso podrían justificar los cuantiosos ingresos que las mismas tenían en sus cuentas procedentes en su práctica totalidad de pagos realizados por los TPV que tenían asociadas.

   El volumen económico exacto de estas actividades está aún por determinar, ya que se está estudiando la contabilidad intervenida, si bien en una estimación previa podría superar ampliamente los dos millones de euros en los dos últimos años

   Por otro lado, se pudo determinar la infraestructura con que contaban para el ejercicio de la prostitución en Puerto Banús, cuatro viviendas que constituían verdaderos clubes regentados por una ciudadana búlgara, otra española y otra francesa. Esta última, de 84 años de edad, participaba presuntamente en la realización de los fraudes y es propietaria de alguna de las empresas con las que el grupo desarticulado blanqueaba el dinero.

   Además, otras dos ciudadanas búlgaras controlaban los pases de las chicas, los cobraban mediante las TPV asociadas a las empresas investigadas, y realizaban el papel de "mamis" controlando directamente la actividad de las mujeres. Tanto las mujeres que regentaban las viviendas, como las "mamis" participaban en la sustracción de las tarjetas de crédito de los clientes y el uso fraudulento de las mismas.