El juicio con jurado popular a 17 guardias civiles del aeropuerto, acusados de pedir dinero a pasajeros para dejarles pasar sus equipajes, continúa esta semana con la declaración de investigadores y testigos, después de que ya declararan los agentes acusados y el ciudadano chino que también está procesado en este caso.
La investigación del caso comenzó cuando la Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo, a finales de 2005, que algunos de los componentes del cuerpo, destinados en la sección fiscal del aeropuerto, pedían a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias, según el escrito de acusación provisional del fiscal.
En esta línea, el ministerio público señala que los investigadores tuvieron conocimiento de que, incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol, se advertía a sus familiares de que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas.
En noviembre de 2005, un familiar de un pasajero denunció los hechos. Tras esto, se pidió autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada en una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero.
En el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se detallan 12 peticiones entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006. Según esta acusación, presuntamente, los agentes requirieron dinero por dejar pasar alimentos sin que hubiera una prohibición expresa por la ley, comida que no podía ser importada, ropa o dinero.
Inicialmente, el ministerio público acusa a los agentes por un delito de cohecho, por el que pide para cada uno una pena de suspensión de empleo o cargo público durante tres años y multa que depende de los casos; o por un delito continuado de cohecho, por el que solicita tres años y nueve meses de suspensión y multa.
Asimismo, para alguno de los procesados, se incluyó en el escrito inicial la calificación alternativa por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita para dos años de inhabilitación especial para guardia civil o cargo análogo, y por otro de cohecho, por el que pide suspensión por tres años y multa.
Todos los acusados han negado los hechos y sólo algunos se han reconocido en las grabaciones de las cámaras, aunque han alegado que el dinero que supuestamente estaban manejando era de una peña de quinielas y no de sobornos. Además, las defensas han cuestionado la validez de esas imágenes y del resto de las pruebas.
