El Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga ha comenzado el juicio contra cinco personas, dos de ellas exediles de la capital malagueña, en relación con el ruido emitido por un restaurante de Málaga en el que se llevan a cabo distintos tipos de celebraciones y eventos. La vista oral se inició este pasado martes y terminará la próxima semana, en concreto el día 13 de mayo, tras los informes finales de las partes, según han informado fuentes judiciales.
La Fiscalía de Málaga acusa por un delito contra el medio ambiente por emisión de ruidos con riesgo grave para la salud a una sola persona, el que gestiona un restaurante situado en la zona de El Limonar, en el que se celebran bodas y eventos amenizados con música, a veces en directo. También le acusa de un delito de lesiones, solicitando tres años de prisión, multa y la clausura del local como salón de celebraciones.
Según el escrito de conclusiones del ministerio público, al que ha tenido acceso Europa Press, la actividad se inicia con una licencia de apertura de restaurante y salón de celebraciones "sin música". Los vecinos que presentaron la querella que dio origen a la causa residen frente a la puerta trasera del lugar donde se ubica el negocio y desde 2005 han tenido que avisar a la Policía Local y han denunciado ante el Área de Medio Ambiente "las molestias" por el ruido.
Así, en la calificación de la acusación fiscal se precisan nueve intervenciones de policías locales y una veintena de denuncias de los querellantes y otros vecinos. Según los informes aportados a la causa, las mediciones superaban los valores límites y máximos legalmente establecidos, además de que la actividad ruidosa va contra varias normativas y fue sancionada por el Ayuntamiento por el área de Industria al no tener licencia para poner música.
Esto ha afectado a los vecinos, dice el fiscal en su escrito. Así, se precisa que los tres perjudicados que han presentado querella, especialmente uno de ellos, sufren cuadros de trastorno depresivo con ansiedad, angustia e insomnio debido a la dificultad de conciliar el suelo "achacable a los ruidos nocturnos".
La acusación particular, que representa a esos tres vecinos, acusa por el delito contra el medio ambiente al que gestiona y también a otras dos personas, la responsable de la mercantil que explota el local y madre del anterior y al administrador de la empresa titular de la licencia de apertura. Solicita cuatro años de prisión para cada uno, aunque también les acusa por delito de lesiones, por el que pide seis meses de prisión más.
Además, acusa a las exediles Patricia Marín y Araceli González por un delito de prevaricación por omisión, por el que pide tres años de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años. Considera esta parte que las denuncias y las llamadas debieron suponer el cierre del local y, aunque sancionó al establecimiento tres veces, se ha "permitido solapadamente la continuidad de la actividad y consecuentemente la contaminación acústica".
Como indemnización, el letrado de los perjudicados pide que cada acusado pague a cada uno de los tres afectados por los ruidos la cantidad de 12.000 euros por cada año de padecimiento contando desde 2005 hasta el final de la causa. El juicio concluirá el próximo martes tras haberse practicado ya toda la prueba testifical, en la que han declarado afectados y también peritos.
