El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha suspendido el juicio previsto para este martes a la exalcaldesa de la localidad malagueña de Estepona Rosa Díaz y otras dos personas --actuaban como liquidadores de entidades públicas-- por presuntas irregularidades en la venta y adjudicación de parcelas a un precio inferior al de mercado a través de sociedades municipales. La previsión es celebrar la vista oral los días 18 y 19 de abril.
Así, el motivo de la suspensión ha sido un defecto de forma en el auto de apertura de juicio oral, en el que no se determinaron correctamente los responsables civiles directos, que serían las sociedades; por lo que las actuaciones tendrán que devolverse al juzgado que instruyó la causa para que precise este extremo en una nueva resolución y se les dé traslado de la causa a las sociedades y se les cite, han indicado fuentes judiciales.
Asimismo, hay prueba documental solicitada que no ha sido remitida por parte de la Agencia Tributaria andaluza ni por el Ayuntamiento. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona acordó en mayo de 2015 la apertura de juicio oral contra estas tres personas.
La Fiscalía de Málaga acusó a Díaz y a otro de los procesados por un delito continuado de fraude a la administración en concurso medial con otro de prevaricación, solicitando para cada uno de ellos en sus conclusiones iniciales la pena de tres años de prisión, así como la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años.
Asimismo, el ministerio público acusó al tercer procesado, en ese momento tesorero municipal, por su participación como liquidador, por un delito de fraude a la administración en concurso con otro de prevaricación, por lo que pidió dos años y medio de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años. También se instó a declarar la nulidad de la venta.
El fiscal considera que la que fuera alcaldesa y los otros dos acusados, éstos como liquidadores de dos entidades públicas, "se pusieron de acuerdo para beneficiar" a dos mercantiles en el proceso de enajenación de varias fincas, para lo que "realizaron los actos administrativos y las gestiones necesarias para favorecer a aquellas empresas en el proceso de adjudicación", de forma que "infringieron de forma deliberada diversas normas".
Asimismo, el ministerio público sostiene, en su escrito provisional de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, que los procesados "se apartaron del interés público" de forma que adjudicaron las fincas "por un precio muy inferior a su valor de mercado, causando así un grave perjuicio a los intereses patrimoniales de las arcas municipales".
Según el fiscal, en 2001 se acordó la transmisión a la empresa municipal Servicios Estepona XXI de cinco fincas con valor de 3,2 millones de euros para ampliación de capital. Ese acuerdo fue elevado a público en marzo de 2002 mediante escritura pública en la que participó la acusada en representación del Ayuntamiento y los otros dos procesados, como liquidadores mancomunados de la entidad municipal.
En una junta general de la sociedad, en la que, según la acusación pública, estaban presentes los acusados, se acordó la venta de dichas fincas a la mejor oferta recibida tras el anuncio de enajenación publicado en agosto en un diario deportivo. Esta oferta fue realizada por una empresa por un valor de 3,5 millones de euros, tras lo que se acordó su venta a la misma, se otorgó escritura de compraventa y se elevó a pública.
Para el fiscal, estas operaciones de traspaso y enajenación se llevaron a cabo "a precio muy por debajo del valor de mercado y de todo ello eran conocedores los acusados, causando un grave perjuicio a los intereses patrimoniales del municipio", ya que las fincas han sido tasadas pericialmente en total entre los ocho y los diez millones de euros.
Asimismo, en la misma comisión de gobierno de 2001 se traspasaron a otra sociedad, en este caso Planeamiento Estepona XXI, otras fincas, también como ampliación de capital. En este caso, relata la Fiscalía, se siguió el mismo proceso, interviniendo la exalcaldesa y uno de los acusados, como liquidador de la entidad municipal. También la junta general acordó la venta, en este caso, por 1,9 millones de euros a otra empresa, cuando el precio era superior.
