El Grupo de Menores de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía en Málaga, a petición del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, localizó el pasado 3 de abril en la localidad malagueña de Casares a cinco menores integrantes de una unidad familiar residentes en la localidad de Ronda y procedió a la retirada de los pequeños, de edades comprendidas entre los dos y once años.
Los menores, presuntamente, se encontraban en estado de riesgo social grave y desamparo, habían abandonado su residencia en Ronda junto a sus progenitores de manera precipitada por conflictos con varios vecinos y habían incumplido de forma reiterada las medidas de confinamiento establecidas en el actual Estado de Alarma impuesto por el COVID-19.
La unidad familiar fue localizada en el municipio de Casares, donde había okupado una vivienda de una urbanización de la localidad costasoleña, según ha informado la Junta de Andalucía a través de un comunicado.
Así, en colaboración con la Policía Local de Casares, la Unidad de Policía Adscrita puso de manifiesto los "constantes incumplimientos" de las medidas de confinamiento actuales por el estado de alarma por parte de esta familia, poniendo en grave riesgo la integridad física de los menores. Además, estaban causando una gran alarma social entre los vecinos de la zona.
Una vez localizados y dada la peligrosidad acreditada de los padres, con antecedentes violentos por amenazas, agresiones y contra la salud pública, se estableció un dispositivo policial formado por la Unidad de Policía Adscrita y donde colaboraron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y siempre con las pertinentes medidas de seguridad adaptadas al actual estado de alarma.
Durante la intervención policial, y a pesar de la oposición enérgica de los padres a la retirada de los pequeños, se procedió a ejecutar la retirada de los niños, quedando los cinco a disposición del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.
Desde el Gobierno de Andalucía han recordado que la operatividad de la Unidad de Policía Adscrita propia durante el estado de alarma ha quedado reducida al traslado de menores infractores si así fuese requerido por la autoridad judicial o fiscal o por motivos médicos, actuaciones muy urgentes en materia de protección de menores y el mantenimiento de los servicios de seguridad dinámica y estática en la comunidad.
Todos los efectivos de la Unidad Adscrita están a disposición del Mando Único, ejerciendo funciones de seguridad ciudadana, cumpliendo órdenes de servicio relacionadas sobre todo con el cumplimiento del confinamiento domiciliario establecido durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
