Entre los 24 procesados, a los que imputa los delitos de integración o colaboración en organización terroristas y amenazas, figuran dirigentes etarras como Soledad Iparraguirre Anboto; el dueño del bar Faisán en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, Joseba Imanol Elosúa, y seis directivos de Azkoyen.
El juez explica en su auto que el aparato de extorsión, conocido como GEZI, “cuenta con una red paralela de personas (miembros legales y colaboradores) de la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas para entregar a la organización terrorista”.
Esa red paralela “estaría liderada” por Elosúa y también la integraban los procesados Ramón Sagarzazu, Txempela, y Jean Pierre Haracorene, con los que colaboraban los también procesados José Carmelo Luquín, Emilio Castillo e Ignacio Aristizabal.
También colaboraron presuntamente con esa red, en “al menos una ocasión”, Jesús Iruretagoiena, y en Francia lo hicieron Ángel Iturbe Abasolo, Eloy Uriarte, Julen Kerman, José Antonio Cau y Cristina Larrañaga, a los que se está investigando en el citado país.
Garzón acusa en concreto a Elosúa de participar junto a Sagarzazu “en la gestión del cobro a diferentes empresarios” y en la distribución de cartas de extorsión de ETA en “las campañas de marzo de 2005, agosto-septiembre de 2005 y febrero de 2006”.
El bar Faisán, situado en la localidad fronteriza de Irún (Guipúzcoa), era “el lugar en el que solían efectuar los diferentes contactos para canalizar las diferentes remesas de cartas de extorsión y realizar las labores de gestión de cobro y pago de las cantidades exigidas por ETA”.
El juez relata que Elosúa mantenía contactos en el bar “con diferentes empresarios con los que no tenía relación comercial” y por ello deduce que esos contactos “podrían estar dirigidos a la gestión del pago de cantidades de dinero exigidas por ETA”.
Entre 1998 y 2006, agrega, los miembros de la red “mantuvieron abundantes reuniones” en el domicilio de Iturbe Abasolo en Francia “con el objeto de acordar y decidir los pasos que se debían dar para conseguir la efectividad de la finalidad proyectada”.
Entre los procesados figuran también el ex director general de Akoyen Ignacio Moreno Purroy y cuatro ex miembros del Consejo de Administración de Azkoyen, a los que el juez acusa de haber pagado a ETA 222.374 euros.
También procesa al ex jefe de contabilidad de esta misma empresa Jesús Marcos Calahorra.
Garzón acusa a otros dos constructores, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, de hacer llegar 54.000 euros a Julen Kerman, con la intervención de Elosúa y Sagarzazu, e hicieron constar “que entregaban este dinero a ETA con carácter voluntario y con el fin de favorecer el llamado Proyecto de Paz”.
A Azpiroz y Saralegui les imputa un delito de colaboración con ETA “por cuanto ambos pagaron voluntariamente en 2006 a pesar de que inicialmente en 2001 se les exigió la aportación”, por lo que “la carga coactiva o amenaza que pudiera haber existido desaparece y se transforma en un acto consciente”. Por contra, Garzón decide “alzar la imputación” a otras once personas, entre las que destacan el hijo del dueño del bar Faisán y Gorka Aguirre. Respecto a Aguirre explica que, pese a las conversaciones de “contenido críptico y aparentemente intimidatorio, una serie de diligencias, como la comparecencia del ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, “han desvirtuado en gran medida las imputaciones”.
El juez cita a De Juana para el día 11 y de no comparecer ordenará su captura
El juez Eloy Velasco ha citado para el próximo 11 de noviembre, y en cuatro direcciones diferentes, al ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos para tomarle declaración como imputado de un delito de enaltecimiento del terrorismo y le advierte de que, si no comparece, ordenará su busca y captura. Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado de la Audiencia Nacional ha enviado la citación a cuatro direcciones diferentes: al domicilio de De Juana en San Sebastián y que al facilitó de Dublín cuando fue a renovar su pasaporte en septiembre, así como a la firma de abogados de Belfast que recientemente se ofreció a mediar en su localización y a su correo electrónico. Velasco ha adoptado esta decisión a instancias de la fiscal Teresa Sandoval, que el pasado día 15 pidió al juez que, “previo al dictado” de una orden internacional de detención contra De Juana, se le cite “en las direcciones obrantes en la causa” incluida “la firma de abogados de Belfast (Kevin R.Winters & Co.) que se puso en contacto con Interpol comunicando que actúan en su nombre”.
La fiscal contestaba así a la solicitud que han ido haciendo las acusaciones personadas en esta causa (Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) Foro Ermua y Dignidad y Justicia) de que se dictara orden de busca y captura contra De Juana al haber sido imposible localizarle en su domicilio de San Sebastián y el que facilitó de Dublín cuando trató sin éxito de renovar su pasaporte. Desde el pasado 16 de agosto, Velasco ha tratado por todos los medios de localizar a De Juana para citarle a declarar, primero en su dirección en San Sebastián y después, a partir del 23 de septiembre, en Irlanda a través de Interpol. En esta causa hay dos imputados por un delito de enaltecimiento del terrorismo De Juana y Agustín Giménez Aldalur, presunto organizador del homenaje que la izquierda abertzale hizo al ex preso etarra en el casco viejo de San Sebastián el día de su excarcelación, el pasado 2 de agosto. En ese homenaje fue leída una carta en nombre de De Juana, ya que él no asistió al acto, y en ella se alababa a históricos dirigentes etarras.
