El presidente del Congreso, José Bono, advirtió ayer a los tribunales de que deben hacerse respetar utilizando el sentido común y ha recordado que la fe se tiene en Dios, pero no en los jueces, como tampoco se tiene en los periodistas o los dentistas.

Bono terció ayer en la polémica suscitada por la causa que se sigue en el Tribunal Supremo para decidir si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón prevaricó al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Reconoció Bono que es el Supremo el que tiene que resolver la causa contra Garzón y ha señalado que su decisión deberá ser respetada, pero ha advertido de que “es muy bueno que los tribunales se hagan respetar utilizando el sentido común”.

Para el presidente del Congreso, “se cree en Dios, al que no se ve, pero no se cree en los dentistas, ni se cree en los periodistas, ni se cree en los jueces”.

Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, defendió la legalidad de la actuación del Supremo en la causa contra Garzón, pero no ha acallado las críticas del Partido Popular al Ejecutivo, al que los populares han acusado de causar un daño a la democracia que tardará en cicatrizar.

Chaves aseguró que el Gobierno no tiene ninguna duda de que el Supremo está actuando “conforme al Estado de derecho y conforme a la ley”, pero ha estimado que eso “no es incompatible” con que haya ciudadanos “que discrepen”.

Aunque Chaves garantizó que el Supremo cuenta con el máximo respeto del PSOE y del Ejecutivo, las críticas del PP han continuado y su responsable de comunicación, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de participar en las “acusaciones” y “ataques” al tribunal con “declaraciones altisonantes”.

González Pons volvió, por su parte, a referirse en el día de ayer a las manifestaciones del domingo en defensa de Garzón, con las que, a su juicio, se trató de “coaccionar y limitar el poder de decisión” de un tribunal.

Una opinión rebatida por el eurodiputado socialista y ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, quien ha precisado que “una manifestación nunca es un atentado a la democracia” y que expresar una opinión en la calle no es desmerecer la Transición o la Constitución.

También la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se refirió a las manifestaciones del fin de semana y expresó el respeto del Consejo a la libertad de expresión como un derecho fundamental.

No obstante, a renglón seguido pidió también respeto a las actuaciones judiciales y, en concreto, para un tribunal que está en “la cúspide del poder judicial, como es el Tribunal Supremo”.

A su juicio, “todas aquellas descalificaciones que afectan a los jueces como a las propias instituciones constituyen un grave quebranto en la confianza que los ciudadanos tienen en el Estado de Derecho”.

Frente a su petición de mesura, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, insistió en que le “repugna” la instrucción hecha por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela en el caso de Garzón porque es “una interpretación sesgada de la ley que tiene mucho de negacionismo del franquismo y de tergiversación de la transición democrática”.