El pleno del Congreso rechazó ayer la moción del Partido Popular en la que se pide al Gobierno que impulse una reforma de la Ley del Menor para dar respuesta a un “clamor social” ante el incremento de delitos violentos graves cometidos por menores, y que no conseguirá el respaldo del resto de las fuerzas políticas.

PSOE, PNV y ERC-IU-ICV votaron en contra de esta propuesta de los populares para endurecer la regulación de la responsabilidad penal del menor, al coincidir en que no se debe legislar “a golpe de titular”, mientras que CiU optó por la abstención.

Al debate asistieron en la tribuna de invitados los padres de algunas de las víctimas que han sido asesinadas por menores, entre ellos los de Sandra Palo, los de la joven Cristina Martín –asesinada recientemente en Seseña– y el padre de Marta del Castillo.

En la moción del PP también se solicitaba que las víctimas gocen de una mayor participación e intervención en los procedimientos relacionados con este tipo de delitos cometidos por menores.

Sin embargo, tanto los socialistas, como los nacionalistas vascos y ERC consideran que no se puede emprender una reforma tan importante “en caliente” y tras casos como los de Marta del Castillo o Cristina Martín.

La moción del Partido Popular es consecuencia de la interpelación que la semana pasada planteó el diputado del PP Alfonso Alonso al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya avanzó que no es “el momento oportuno” para dicha reforma, aunque propuso la creación de una “comisión de seguimiento” para los casos “excepcionales de menores” delincuentes.

En la propuesta, que rechazan el resto de las fuerzas políticas, el PP no especifica un incremento concreto de las penas para los menores, aunque Alonso consideró necesario modificar la edad mínima de responsabilidad penal para que los niños de entre 12 y 14 años “puedan insertarse en itinerarios de reeducación” que sirvan para prevenir conductas graves en el futuro.

Los populares destacan que la actual Ley del Menor presenta fallos en el tratamiento de los delitos más graves, en los que existe a su juicio una “clara sensación de impunidad”, y que, además, los datos de la Fiscalía General del Estado y CGPJ presentan un notable incremento de los delitos cometidos por menores.