La Fiscalía, por la vía penal, investigará “caso por caso” a unos 500 controladores, una cifra similar al número de expedientes disciplinarios abiertos por AENA, que también estudiará cada situación particular para determinar si ha habido alguna falta y, en su caso, establecer la gravedad de la sanción.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el de Fomento, José Blanco, han hablado sobre la huelga salvaje de los controladores en sendos encuentros informales con los medios, durante la celebración en el Congreso del aniversario de la Constitución.

Caamaño ha explicado que están abiertas la vía penal y la administrativa, con sanciones que van desde la suspensión de empleo hasta la pérdida de la licencia de controlador.

Ha abundado en esta materia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha informado de que la Fiscalía comenzará el jueves a tomar declaración a los controladores.

Según ha dicho, todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español en la noche del viernes.

Conde-Pumpido ha detallado que los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre los tres meses y los tres años de cárcel, para los casos leves, y de tres a ocho años en los graves.

Tanto el ministro de Justicia como el de Fomento se han mostrado convencidos de que “todo el peso de la ley” recaerá sobre quienes paralizaron el espacio aéreo español durante 20 horas entre el viernes y el sábado pasados.

Dentro del ámbito que corresponde a AENA, Blanco ha insistido en que se estudiarán los expedientes disciplinarios abiertos.