La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió este jueves la absolución del ex portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi de un delito de enaltecimiento del terrorismo durante su intervención en un mitin en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004.

En su anuncio de recurso de casación, presentado ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que dictó la sentencia absolutoria- para que lo remita al Tribunal Supremo, la Fiscalía manifiesta su disconformidad con la absolución de Otegi y de otros dos miembros de Batasuna que también participaron en ese mitin, Joseba Permach y Joseba Álvarez.

La Fiscalía pedía para los tres en el juicio 18 meses de prisión, pero la Sala les absolvió por entender que existen “serias dudas” de que diseñaran ese acto político en el que se exhibieron fotos de etarras y se repartió propaganda de la banda terrorista.

En su sentencia, el tribunal se mostró muy crítico con los informes elaborados por la Guardia Civil, “tendentes a demostrar la responsabilidad de los acusados” y que, a su juicio, no aportaban datos externos que permitieran “mantener tal acusación” de la Fiscalía, sino “meras deducciones”.

Esta es la segunda absolución que consigue Otegi en la Audiencia Nacional, aunque este tribunal también le ha condenado en otras dos ocasiones por enaltecimiento del terrorismo en 2006 y en 2010 por homenajes a los etarras José Manuel Beñaran Argala y José María Sagarduy, respectivamente.

Otegi cuenta también con una condena del Tribunal Supremo por un delito de injurias al Rey al que llamó el “rey de los torturadores”.

Además, la Audiencia Nacional acordó también este jueves la apertura de juicio oral para Otegi, el ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y otros seis dirigentes de la izquierda abertzale por tratar de reconstruir la formación ilegalizada a través del grupo Bateragune –causa por la que el ex dirigente abertzale se encuentra actualmente en prisión provisional–.

En el auto notificado, la sección cuarta de la Sala de lo Penal decide la apertura del juicio oral y dar traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días presente su escrito de calificación en el que constarán las penas que reclama para los procesados.