El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha presentado este jueves un informe en el que concluye que "no hubo crímenes de lesa humanidad" durante la crisis política de 2009, que coincidió con el golpe de Estado con el se derrocó al expresidente Manuel Zelaya.
En este sentido, concreta que "no existe una base razonable para creer" que los actos atribuidos a las autoridades hondureñas en ese período de tiempo constituyen crímenes de lesa humanidad, tal y como recoge el texto, que ha sido distribuido a los Estados del Estatuto de Roma y que recogen los medios locales.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras ha hecho público el contenido, en el que la Fiscalía admite que "aunque hubo restricciones a las libertades de movimiento, expresión y asociación y un gran número de detenciones breves (...), no se puede argumentar que hayan constituido un ataque masivo dirigido contra los opositores al régimen de ese momento".
Estos son los principales resultados de la evaluación jurídica sobre las denuncias presentadas por diferentes organizaciones no gubernamentales, así como de defensa de los Derechos Humanos y las conclusiones sobre el estado de los exámenes preliminares correspondientes a 2013.
El informe también afirma que las acciones desarrolladas para mantener el control del país, "no se pueden considerar que fueron parte de una política preconcebida dirigida contra la oposición" y, en lo referente a los alegatos de persecución, la Fiscalía ha dicho en su informe que los mismos no alcanzan el nivel requerido por el Estatuto de Roma".
Por último, la Secretaría de Relaciones Exteriores deja constancia que desde el año 2010 contribuye con dicha Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, en el suministro de información relativa a los actos denunciados.
