El expresidente egipcio Hosni Mubarak, que abandonó el poder el febrero de 2011 en el marco de un levantamiento popular contra su régimen, ha afirmado este jueves durante una entrevista concedida a una periodista kuwaití que la población quiere que el jefe del Ejército y ministro de Defensa, Abdelfatá al Sisi, ocupe la Presidencia.
"Pregunté directamente a Mubarak quien gobernará en Egipto en el futuro próximo y dijo que Dios, pero cuando le pregunté por el nombre de la persona que él cree que gobierne me dijo que la gente quiere a Al Sisi", ha dicho la escritora Fajr al Said a través de su cuenta en la red social de microblogging Twitter.
Al Said se reunió esta semana con Mubarak en el hospital militar de Maadi, ubicado en el sur de la capital, El Cairo, en donde el exmandatario permanece ingresado desde agosto de 2013, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.
Mubarak hace frente a varios juicios por su responsabilidad en la muerte de manifestantes durante la revolución de enero de 2011, así como por malversación de fondos a través de la venta de gas natural a Israel.
Tras agotarse el periodo máximo de dos años de detención, fue liberado e ingresado en dicho hospital militar. En este sentido, Al Said ha destacado que Mubarak "es un hombre libre" que se reúne "con quien quiere".
Asimismo, ha agregado que el expresidente "es un hombre con una memoria de hierro" y que sigue la actualidad política del país a través de la televisión y los informativos.
Las palabras de Al Said han sido publicadas el mismo día en el que el Ejército egipcio ha salido al paso de las informaciones publicadas por el diario kuwaití 'Al Seyasaah', que aseguró que Al Sisi manifestó durante una entrevista que se presentará a las próximas elecciones presidenciales.
"Lo que se ha publicado en 'Al Seyasaah' es simplemente una especulación periodística y no una declaración directa del mariscal de campo Al Sisi", ha indicado el portavoz del Ejército, Ahmed Ali, a través de Facebook.
Al Sisi encabezó en julio de 2013 el golpe de estado que derrocó al entonces presidente Mohamed Mursi, miembro de la organización islamista Hermanos Musulmanes, en medio de masivas manifestaciones en contra de su Gobierno.
Pese a que el jefe del Ejército justificó su decisión apelando a la voluntad popular, tanto Mursi, que se encuentra detenido y que se enfrenta a varios juicios por sus acciones previas y durante su mandato, como Hermanos Musulmanes y otros grupos opuestos al peso del Ejército en la política egipcia, han criticado el derrocamiento del primer presidente electo democráticamente de la historia del país.
Las autoridades internas surgidas tras el golpe sometieron en enero a referéndum la nueva Constitución, que otorga amplios poderes al Ejército y que ha sido vista como una vuelta hacia el régimen de Mubarak.
La figura de Al Sisi ha sido ensalzada en los últimos meses por el Gobierno y algunos sectores del país, que le han presentado como una figura con respaldo popular y con capacidad para encabezar los esfuerzos para estabilizar el país y devolver la seguridad en todo el territorio, en medio de los últimos ataques terroristas.
Por contra, el jefe del Ejército y ministro de Defensa no cuenta únicamente con la oposición de los Hermanos Musulmanes y otros grupos afiliados, sino también de grandes sectores de los revolucionarios, que le consideran una figura represiva y vinculada con los métodos de la cúpula militar de Mubarak.
Asimismo, las constantes críticas de diversas ONG internacionales contra el Ejecutivo interino por sus medidas represivas contra los manifestantes y los opositores y su decisión de catalogar a Hermanos Musulmanes como organización terrorista, han empañado el proceso de transición.
Las fuerzas de seguridad han matado a miles de seguidores de la organización islamista y unos 400 militares y policías han muerto, muchos de ellos en ataques de milicianos islamistas en la península del Sinaí, que hace frontera con Israel y la Franja de Gaza.
En base a la 'hoja de ruta' promulgada por el presidente interino, Adli Mansur, las elecciones presidenciales y parlamentarias deberán celebrarse en un plazo de seis meses desde la aprobación de la Constitución.
