Algunos de los tenedores de bonos impagos de Argentina bajo ley alemana, que no participaron en las reestructuraciones previas de la deuda soberana, han presentado este viernes una demanda en una corte de Estados Unidos para exigir el pago total.

   Los demandantes han pedido a una corte del distrito sur de Estados Unidos un juicio y una orden similar a la obtenida por el principal acreedor de deuda no reestructurada NML Capital, una unidad de Elliott Management Corp, según el documento, al que ha tenido acceso la agencia Reuters.

   El despacho jurídico Bingham McCutchen, con sede en la ciudad estadounidense de Boston, es el asesor de los demandantes. "Estamos presentando la demanda porque aún no hay negociaciones y nosotros queremos proteger los intereses del grupo", ha explicado Bruce Wolfson, del consejo de Bingham.

   En cualquier caso, añade que prefieren "un acuerdo negociado con Argentina". "Nosotros damos la bienvenida a la reciente expansión de los poderes del señor Pollack, nosotros esperamos que esto nos acerque un paso más a la mesa de negociación", ha agregado.

   El juez de distrito de Estados Unidos Thomas Griesa designó al abogado de Nueva York Daniel Pollack como mediador judicial en la larga disputa entre Argentina y los acreedores 'holdout' --conocidos en Argentina como 'fondos buitre', liderados por NML Capital.

   Este mismo mes, Griesa dio a Pollack una amplia autoridad para poder dar a otros inversores un asiento en la mesa de negociación, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo amplio para cumplir con la deuda de Argentina.

   Los demandantes de la medida presentada este viernes son Trinity Investments Limited, Procella Holdings LP, Yellow Crane Holdings LLC, Red Pines LLC, Honero Fund I LLC, MCHA Holdings LLC, y cuatro entidades bajo el nombre de ARAG.

   El caso se suma a varias demandas contra Argentina, que en julio cayó en suspensión de pagos por segunda vez en 13 años, después de que no pudiese pagar sus bonos reestructurados.

   Ese 'default' (suspensión de pagos) se dio después de la negativa del país a cumplir con la orden de Griesa, que la obligaba a pagar a los acreedores 'holdout' el total de su inversión (unos 1.300 millones de dólares) al mismo tiempo que pagaba a los tenedores de deuda que accedieron a la reestructuración.