El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó ayer el ingreso en prisión provisional de los siete piratas apresados el miércoles en aguas de Somalia cuando intentaban abordar un barco de bandera panameña para que sean conducidos a España y “resolver sobre su situación”. 

Así lo acordó el juez a instancias de la fiscal Blanca Rodríguez, que ha solicitado la prisión por los delitos de detención ilegal y de robo con violencia y empleo de armas, y después de que el Ministerio de Defensa haya identificado ya a los detenidos. 

El magistrado incoó diligencias después de que el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa informara de los hechos. 

Fuentes fiscales explicaron que la petición de prisión se hace por los mencionados delitos porque en el actual Código Penal de 1995 se suprimían los delitos que expresamente hacían referencia a la piratería en el anterior Código. 

No obstante, la representante del ministerio público defiende en su escrito la competencia de la Audiencia Nacional basándose en el principio de jurisdicción universal para el delito de piratería al tratarse de un ilícito cometido en el extranjero. 

Destaca también que el delito de piratería es perseguible en todos los países por el principio de jurisdicción penal internacional que expresamente regula el Convenio de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas. 

El buque Marqués de la Ensenada, integrado en la operación Atalanta de la UE contra la piratería frente a las costas somalíes, rescató el miércoles y retuvo a los siete piratas que cayeron al agua tras intentar abordar a un barco de bandera panameña. 

El Marqués de la Ensenada,evitó ayer un nuevo ataque pirata a un buque mercante de bandera maltesa y detuvo a los siete asaltantes. 

El suceso de ayer se produjo a las 11:45 horas (hora peninsular española), cuando el Marqués de la Ensenada recibió una llamada de socorro del buque mercante Anny Petrakis, de bandera maltesa, informando que estaba siendo atacado por piratas.

Francia y Estados Unidos ya han trasladado piratas detenidos en aguas de Somalia a sus respectivos países para ser juzgados bajo sus leyes nacionales, el objetivo que persigue el juez Fernando Andreu en este caso.