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La Audiencia Nacional o la vuelta al mundo en seis juzgados

Bajo el principio de justicia universal, son muchas las querellas que investiga la AN de diferentes asociaciones y colectivos contra Gobiernos de distintos países por delitos de crímenes contra la humanidad, genocidio o torturas.

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  • Pedraz investiga asimismo los disturbios registrados en Tíbet en marzo de 2008. -
Bajo el principio de justicia universal, son muchas las querellas que investiga la AN de diferentes asociaciones y colectivos contra Gobiernos de distintos países por delitos de crímenes contra la humanidad, genocidio o torturas.

Estados Unidos, Israel, China o Guatemala son algunos de los países que, bajo el principio de justicia universal, investiga la Audiencia Nacional, que esta semana ha abierto una nueva causa –con la que ya acumula trece– sobre los actos de piratería en aguas de Somalia. 

Son muchas las querellas que diferentes asociaciones y colectivos han presentado ante los seis jueces de instrucción de este tribunal contra Gobiernos de distintos países por delitos de crímenes contra la humanidad, genocidio o torturas, aunque la Administración de George W. Bush y el Ejecutivo chino parecen ser el objetivo preferente. 

Así, el centro de detención norteamericano de Guantánamo (Cuba) acumula dos de las causas, en una de las cuales el juez Baltasar Garzón investiga a los posibles “autores materiales, inductores, cooperadores necesarios y cómplices” de los delitos de torturas cometidos en esta prisión ilegal a raíz de las denuncias que cuatro prisioneros que declararon ante él después de pasar por Guantánamo. 

La segunda causa nació de una querella contra seis presuntos “responsables jurídicos” de la creación de ese centro y ha acabado en el Juzgado de Eloy Velasco, que antes de decidir si la admite o no a trámite ha pedido a EEUU que le informe sobre si ha realizado alguna investigación sobre lo ocurrido en Guantánamo. 

Por su parte, el juez Santiago Pedraz procesó en 2007 a los tres militares norteamericanos implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003, aunque la Sala de lo Penal revocó su decisión. 

Aún así, el magistrado no archivó la causa y sigue practicando diligencias. Las últimas, las declaraciones por escrito como testigos de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y de Exteriores Ana Palacio.

Pedraz investiga asimismo los disturbios registrados en Tíbet en marzo de 2008 y el pasado día 5 cursó una comisión rogatoria a China con la intención de interrogar como imputados a ocho responsables políticos y militares del actual Ejecutivo chino, entre ellos tres ministros. 

Su compañero Ismael Moreno tiene abierta desde 2006 otra causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los 80 y de los 90, además de otra querella presentada por el movimiento Falun Gong contra el líder chino Jia Qinglin por supuestos delitos de genocidio y torturas. 

Moreno también instruye una querella de varios supervivientes españoles del Holocausto contra cuatro miembros de las SS que actualmente residen en Estados Unidos, a la que esta semana se ha acumulado una denuncia por la supuesta “inhibición” del Gobierno de Francisco Franco ante los crímenes nazis. 

Por su parte, el juez Fernando Andreu tiene abiertas tres causas, una de ellas contra Israel por un ataque a la franja de Gaza en 2002 en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles; y otra contra 40 militares de Ruanda a los que acusa de la muerte de más de cuatro millones de ruandeses en los noventa. 

La tercera investigación comenzaba esta misma semana después de que un buque español detuviera el pasado miércoles a siete piratas en aguas de Somalia. 

Andreu decretó su prisión a instancias de la Fiscalía, que un día después cambió de opinión y le obligó a ponerlos en libertad, aunque el juez ha manifestado su intención de mantener abierta la investigación. 

El asesinato de seis jesuitas en El Salvador hace 20 años, en 1989, el genocidio cometido en Guatemala entre 1978 y 1986 o la querella contra trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas por la desaparición de cientos de saharauis, son el resto de investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional.

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