En el desértico sur de Hebrón, cuatrocientos palestinos viven con el temor diario de que su pequeño poblado, Susia, un grupo de tiendas de campaña y cabañas sin agua corriente ni electricidad, sea derruido por Israel y sufran un nuevo desplazamiento.
"Desde el año 2000 estamos reclamando que se haga un plan maestro para Susia pero hasta ahora no hemos conseguido ningún permiso y ahora nos han dado ordenes de demolición definitiva", se queja a Efe Jihad Nawaya, alcalde de la empobrecida localidad situada en un árido paisaje en el Área C de Palestina (bajo control militar y administrativo de Israel).
Recientemente, el Tribunal Supremo de Israel dio el visto bueno a las órdenes de demolición, rechazando la petición de la ONG israelí Rabinos por los Derechos Humanos, que denunció que se han denegado reiteradamente los permisos de construcción solicitados por Susia por discriminación contra los palestinos.
Desde hace años este pequeño poblacho, un puñado de casas polvorientas entre las que el único color es el de unos columpios donados por una ONG, se ha convertido en un símbolo de la política israelí en Área C y la amenaza de expulsión de sus residentes.
"En 1948 (año en que se creó el estado de Israel) nos echaron del pueblo de Ebiretin. Luego sufrimos la Naksa (Revés, en referencia a la derrota de los ejércitos árabes tras la Guerra de los Seis Días en 1967) y en 1986 la ocupación (israelí) nos volvió a expulsar de nuestro pueblo original de Susia", lamenta el alcalde.
Entonces se ubicaron en su nuevo emplazamiento, donde según él viven 450 personas, 70 de ellas niños, una cifra que las organizaciones internacionales rebajan en un centenar.
La Oficina de Coordinación Humanitaria para los territorios palestinos de la ONU (OCHA), denuncia que los habitantes de Susia "están en riesgo de desplazamiento forzoso por órdenes de demolición israelíes contra unas 170 estructuras".
Para Nawaya, "está claro que el principal objetivo de los israelíes es echar a los palestinos para coger esta tierra y entregarla para la expansión de los asentamientos de alrededor".
De la misma opinión son varias ONG israelíes e internacionales de defensa de los derechos humanos.
La israelí Betselem, que recientemente organizó un viaje de solidaridad a Susia con decenas de activistas israelíes, asegura que según su experiencia "si se obliga a los residentes a irse los colonos tomarán la tierra con apoyo del estado, como ya han hecho con 300 hectáreas de tierras del pueblo".
"La política israelí en Área C tiene como objetivo facilitar la toma de control de tierra palestina para asentamientos y la expulsión de comunidades palestinas a las Áreas A y B (bajo control total y parcial palestino) en preparación para la anexión de tierras (palestinas) a Israel", denuncia la organización, que recuerda que "la ley internacional prohíbe la demolición de hogares en esas circunstancias y el traslado forzoso de población ocupante".
Diplomáticos occidentales ven también en Susia una muestra de la política israelí en parte de Cisjordania y han instado a que se de marcha atrás en las órdenes de demolición.
A principios de este mes, el jefe de la delegación de la Unión Europea en Palestina, John Gatt-Rutter, y cónsules generales de más de una decena de países europeos acudieron al lugar para mostrar su apoyo.
"Israel tiene la obligación de facilitar el desarrollo palestino en las áreas que ocupa, incluida en Área C, que representa el 60 por ciento de Cisjordania", dijo Gatt-Rutter, que criticó que, en cambio, Susia es una muestra de lo contrario, de las "políticas que privan a los palestinos de sus tierras y sus recursos".
Este, lamentó "no es un caso aislado" como muestran las expulsiones y demoliciones que ocurren "en particular en la periferia de Jerusalén, en la zona conocida como E1".
El diplomático europeo también denunció las colonias israelíes en la zona y recordó que "la UE tiene una postura muy clara sobre asentamientos: que son ilegales bajo la legislación internacional y amenazan la viabilidad de una solución de dos estados, en la que la UE sigue teniendo un interés profundo y significativo".
La Administración Civil (organismo militar israelí a cargo de los territorios ocupados), señaló a Efe que este caso concreto "se refiere a un grupo de casas ilegales, adyacentes al sitio arqueológico de Susiya, que se ha expandido a través de los años a pesar de que varias órdenes han sido emitidas contra la construcción".
