Un tribunal de Filipinas emitió hoy una orden de arresto contra la senadora Leila de Lima, ferviente opositora del presidente, Rodrigo Duterte, acusada de haber recibido sobornos de narcotraficantes cuando era ministra de Justicia.
El Tribunal de Muntinlupa (al sur de Manila) emitió la orden de arresto contra ella y dos de sus presuntos cómplices, según el documento firmado por la jueza Juanita T. Guerrero al que ha tenido acceso Efe.
"El Tribunal ha encontrado suficiente causa probable para la emisión de órdenes de arresto contra Leila M. de Lima, Rafael Marcos Z. Ragos y Ronnie Palisoc Dayan", reza el fallo.
Rafael Ragos es exjefe de la Oficina de Prisiones y Ronnie Dayan el exguardaespaldas, conductor y durante siete años amante de la senadora, que, según el juzgado, también estaría implicado en el caso.
La jueza certificó que la decisión se ha tomado "tras una exhaustiva evaluación de la información presente y todas las pruebas presentadas durante la investigación preliminar realizada en este caso por el Departamento de Justicia de Manila", según el documento.
El Departamento de Justicia fue el que la semana pasada presentó contra la que fue su ministra entre 2010 y 2015 los cargos de soborno indirecto, violación de la ley anticorrupción y violación del artículo relativo a la "venta, comercio, administración, dispensación, entrega, distribución y transporte" de drogas ilegales.
Solo este último cargo contempla para los infractores penas de entre 12 años de cárcel y cadena perpetua, así como multas de entre 500.000 pesos (9.300 euros o 10.000 dólares) y 10 millones de pesos (187.000 euros o 200.000 dólares).
Según la acusación, De Lima recibió durante su etapa al frente de Justicia grandes sumas de narcotraficantes recluidos en prisión a cambio de tratos de favor, como vehículos de golf para trasladarse por el recinto penitenciario o la celebración de conciertos.
La senadora, que es una de las figuras más críticas con Duterte y principal látigo de su polémica "guerra contra las drogas", mantiene que las acusaciones son falsas y ha acusado al Gobierno de manipular pruebas y testigos para incriminarla.
La organización Human Rights Watch (HRW) sostiene la versión de la senadora y la semana pasada exigió las autoridades filipinas la retirada de los cargos de corrupción al considerar que son una "venganza" por sus ataques a la campaña antidroga de Duterte que ha dejado más de 7.000 muertos en siete meses.
