El juez Jaime García-Castro, instructor de la causa derivada de la operación Espada que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del Palma Arena, ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros para los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz Guasp.

El magistrado tomó ayer declaración durante seis horas a Luis García-Ruiz y durante aproximadamente cuatro a su hermano Jaime, ambos en calidad de imputados, pero sin que el fiscal haya concretado un delito específico para su imputación.

Por su parte, el ex presidente del Govern balear Jaume Matas se ha ofrecido a declarar voluntariamente ante el juez que investiga la posible corrupción en la construcción del velódromo cuando él estaba al frente del Ejecutivo, para evitar complicados trámites en caso de una citación judicial.