Con un sonoro cacerolazo desde sus casas, miles de ecuatorianos reclamaron este sábado en Quito el cese de la violencia tras el toque de queda decretado por el Gobierno ante los episodios de violencia y vandalismo vividos durante el día, que acabaron con la sede de la Contraloría incendiada.
La calma que registraban las calles de Quito con el toque de queda, que obligó a sus ciudadanos a resguardarse en sus domicilios, fue rota por miles de golpes metálicos al promediar las 20:30 hora local (1:30 GMT).
Al principio fueron unos pocos quiteños los que se animaron a secundar la convocatoria que había circulado horas antes por redes sociales, pero poco después se unieron más ciudadanos en esta particular manifestación pacífica para reclamar la vuelta a la normalidad.
"¡Paz, paz!", gritaban algunos participantes para remarcar la finalidad de los repetidos golpes a cacerolas desde sus balcones y terrazas.
Fue el último episodio de una jornada muy complicada para la capital ecuatoriana, que amaneció con el centro histórico prácticamente sitiado por los manifestantes y siguió con nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías que dieron continuidad a los registrados en la víspera.
A pesar de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lidera la protesta, aceptó a mediodía ir a un diálogo con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, los disturbios se extendieron por toda la ciudad por parte de grupos ajenos a los nativos.
Estos violentos manifestantes tomaron a la fuerza la sede de Contraloria, que acabó incendiada, e intentaron hacer lo propio con las instalaciones de un canal de televisión y un diario de cobertura nacional.
El toque de queda fue decretado por el presidente Moreno a partir de las 15:00 hora local (20:00 GMT) y sirvió para que amainaran los desmanes y se recuperase un poco el orden en la ciudad.
Las protestas comenzaron el 3 de octubre contra las medidas de austeridad económicas adoptadas por el Gobierno, especialmente la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones para un crédito de 10.000 millones de dólares.
