El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada ha declarado nulo el decreto por el que el Ayuntamiento de Granada aplicó la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ordenada por el Gobierno de España para el sector público en el caso de la Policía Local.
En su sentencia, de fecha 8 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Antonio de la Oliva estima así el recurso interpuesto en su día por el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG), que entendía que el decreto del Ayuntamiento no cumplía la ley, puesto que, para alcanzar esas 37,5 horas semanales, establecía que los agentes debían prestar tres servicios de ocho horas a lo largo del año, aplicándose "configurando una serie de servicios sin determinar en el tiempo", de los que la administración local tenía "libre disposición".
El recurso, señala el juez, "no puede sino ser estimado", ya que, "al margen de otros criterios que puedan avalar la adaptación de la ampliación semanal horaria de la Policía Local, traducido en disminución de horas extraordinarias", "lo cierto es" que el decreto impugnado "se aparta de lo que establece" la Ley 2/2012, esto es, que la jornada no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
"Se aprovecha, en definitiva, el decreto en cuestión para establecer variaciones en la jornada anual, prescindiendo del cauce adecuado, y ello conduce inexorablemente a la estimación de la demanda y a declarar la nulidad del decreto impugnado, en particular el apartado tercero de su resolución referido a la Policía Local", mantiene el juez.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).
La aprobación del decreto aprobado por el Ayuntamiento de Granada llevó desde el pasado mes de septiembre a los policías locales en la capital a protagonizar numerosas concentraciones contrarias a esta medida, y a negarse incluso a realizar servicios extraordinarios en el Día de la Toma y en la Cabalgata de Reyes, lo que derivó en la apertura de expedientes disciplinarios por parte del Consistorio.
Desde el primer momento, los representantes sindicales de la Policía Local rechazaron el decreto, aclarando que, sin estar en contra de la ampliación de la jornada laboral estipulada por el Gobierno, en el caso de Granada, el Ayuntamiento pretendía que se crearan bolsas de 2,5 horas sobrantes a la semana en servicios extraordinarios, en noches, fines de semana o festivos que entendían que "por ley" son "voluntarios".
