La Diputación de Granada aceptará este jueves en pleno la encomienda de gestión del tratamiento de residuos sólidos urbanos que hasta la fecha han hecho llegar 55 municipios de la provincia.
Según ha informado el portavoz del equipo de gobierno, José Torrente, la Diputación apuesta en esta nueva etapa de la gestión de los residuos de la provincia por la "amortización de costes" y "la buena administración de los recursos públicos" estando abierta a la negociación de las cuestiones técnicas pertinentes con los ayuntamientos que, según ha reseñado Torrente, "seguirán uniéndose en adelante a las encomiendas de gestión a la Diputación".
"Entre los ayuntamientos hay gobiernos de todos los colores políticos", ha destacado el portavoz que ha llamado a "concienciar a quienes hasta ahora no han convenido con la Diputación el tratamiento de residuos para que lo hagan a la mayor brevedad" incidiendo en la "calidad" de la prestación del servicio gracias a las instalaciones de la Ecocentral Granada en Alhendín y la planta de Vélez de Benaudalla. "El PSOE debe dejar de hacer de este punto algo electoralista y absolutamente partidario", ha manifestado José Torrente.
En relación con las mociones de impulso a la acción de gobierno, el portavoz se ha referido al hecho de que el PSOE no acepte la enmienda planteada por el equipo de gobierno a la moción que lleva el principal grupo de la oposición para reforzar las medidas excepcionales del Decreto Ley contra la exclusión social de la Junta de Andalucía. El equipo de Gobierno ha planteado que la administración autonómica abone de antemano al menos la mitad de las cantidades que está previsto que aporte en el marco de esta iniciativa.
"¿Por qué niegan esa medida tan lógica y natural?", se ha preguntado José Torrente que ha incidido en la importancia del adelanto de este dinero como hace el Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE) en las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER. El Gobierno de la Nación "siempre manda el 75 por ciento o el 100 por cien, en muchos casos, del dinero por adelantado" lo cual facilita que "los alcaldes paguen su nómina puntualmente a los jornaleros".
Sobre el Decreto Ley contra la exclusión social, Torrente también ha afeado a la Junta de Andalucía que resuelva esta "nueva ocurrencia" con 70 millones de euros que "pagará cuando quiera, pueda o ya veremos" mientras "solo para ayudas en cooperación internacional la Junta ha dedicado 300 millones de euros".
Asimismo, el equipo de gobierno provincial instará a la Junta de Andalucía a que ponga a disposición de las familias afectadas por desahucios las viviendas vacías de las que dispone en Granada, alrededor de unas 450 de las 5.000 de las que tiene en toda Andalucía. "Es algo tan sencillo de aplicar como lo que ellos exigen a los bancos", ha explicado el portavoz que ha exigido también a la Consejería de Fomento y Vivienda que se garantice la información de la oferta de vivienda protegida y del parque público de viviendas restituyendo la información de la web de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
Es necesario también "recalificar a régimen de alquiler estas viviendas públicas que se encuentran vacías" para ponerlas a disposición de los ayuntamientos y que se puedan "adjudicar a los afectados", ha manifestado José Torrente. La moción también incluirá la necesidad de un plan de erradicación del chabolismo y la infravivienda "que incluya un calendario de cumplimiento".
A su vez, el equipo de gobierno también solicitará a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca que transfiera a los ayuntamientos granadinos el importe de las sanciones por vertidos debido a la falta de depuración de aguas residuales pues la Junta, como administración competente, no ha ejecutado las 69 actuaciones contempladas en la provincia por el cobro a los municipios del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas.
"Con el canon de mejora, la Junta de Andalucía ha ingresado en Granada 20 millones de euros pero las obras de depuración siguen sin realizarse", ha denunciado el portavoz del equipo de Gobierno provincial para quien "no es razonable que se esté sancionando a los ayuntamientos por no depurar cuando el Gobierno andaluz, que cobra el canon, no construye las depuradoras correspondientes".
