El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja (Granada) ha decretado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Íllora (Granada), el socialista Francisco Domene, por posible prevaricación en la adjudicación de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito local a una empresa privada "prescindiendo" de "todas las exigencias" de la Ley de Contratación Pública.
Además, en el proceso constan como imputados por el mismo delito cuatro concejales más, concretamente María Victoria Fuentes Pérez, María Ángeles Román Vega, Enrique Recio Gordo, y Antonia Blázquez Rodríguez, según se indica en el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía de Granada pide para los cinco procesados una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años, que la acusación particular eleva un año más, hasta los diez de inhabilitación, según señala el juez en su resolución, de fecha 4 de octubre de 2013, y contra la que no cabe recurso.
Según consta en el escrito provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el 26 de mayo de 2005 el Ayuntamiento de Íllora adoptó un acuerdo relativo a la modificación de estatutos de la empresa municipal Parapanda Comunicación S.L., en la que se contemplaba, entre otros aspectos, que el gobierno y la administración de la sociedad sería regida por la Junta General (El Ayuntamiento pleno), el consejo de administración (designado por la Junta General y con representación de todos los grupos políticos) y el director-gerente.
Así, el 8 de enero de 2008 se constituyó el nuevo consejo de administración de Parapanda Comunicación, empresa pública de capital íntegramente municipal, y regida por los acusados como concejales en la corporación de Íllora.
Ya con fecha 19 de febrero de 2008 se celebró la reunión del consejo, en la que, "sin haber mediado convocatoria pública", "ni proyecto ni oferta concreta" y "con ánimo de favorecer a su representante", se adjudicó la gestión de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito municipal a la empresa 'Silvania Producciones S.L.', tras el voto favorable de los procesados, "conocedores de las irregularidades cometidas".
Ese mismo día el presidente del consejo, el alcalde, firmó con el administrador único de esa empresa el contrato, con una duración de tres años y un precio mensual máximo de 4.090 euros.
Entre las posibles irregularidades cometidas, el fiscal apunta que la autorización del contrato se hizo "prescindiendo" de "todas las exigencias" de la Ley de Contratación Pública, ya que no se tramitó previo expediente administrativo en el que se fijaran las cláusulas particulares y las prescripciones técnicas a regir en el contrato, no se justificó "adecuadamente" la elección del procedimiento o los criterios tenidos en cuenta para la adjudicación, y no se le dio la oportuna publicidad a la licitación.
Así, según el Ministerio Público, se vulneraron los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato entre candidatos, según consta en el escrito de acusación, del pasado 24 de septiembre de 2013.
