La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de seis años de prisión para los dos propietarios de una tienda de venta de electrodomésticos de Baza (Granada) acusados de estafar más de 600.000 euros a dos financieras tras solicitar diversos préstamos por ese valor usando los datos personales de sus propios clientes, sin el consentimiento ni conocimiento de éstos.
Se les atribuye un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con otro de falsedad en documento oficial y mercantil, por el que los dos procesados, Antonio J.L.M. e Inmaculada P.E., serán enjuiciados los próximos 2, 3 y 4 de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a los meses de febrero del año 2007 y junio del año 2009, cuando los procesados, propietarios del establecimiento comercial denominado ElectroBaza, dedicado a la venta de electrodomésticos de la localidad de Baza, "actuando de común acuerdo y con el propósito de obtener un enriquecimiento ilícito" solicitaron hasta un total de 83 créditos personales a dos entidades financieras.
Los hicieron haciendo aparecer como solicitantes de los préstamos a clientes del establecimiento, "sin su conocimiento ni consentimiento", e incluso, en algunas ocasiones, a personas "inexistentes". Los inculpados, según el fiscal, presentaban junto la solicitud del préstamo documentación previamente elaborada por ellos mismos para acreditar solvencia ante las entidades financieras y dar apariencia de realidad a la operación.
En concreto, usaban nóminas del Servicio Andaluz de Salud; de la Consejería de Educación; de Endesa; de la Guardia Civil; certificados del Instituto Nacional de la Seguridad Social; recibos del IBI de los ayuntamientos de Baza, Caniles y Guadix; y otros justificantes bancarios.
Asimismo los acusados estampaban en las solicitudes de préstamos firmas que imitaban las de los supuestos solicitantes de los préstamos, todo ello "con el fin de engañar" a las financieras, que accedían a conceder los préstamos en la creencia de que estos correspondía a ventas reales efectuadas en el establecimiento y a entregar de manera inmediata el dinero a los acusados, que veían de esta forma "satisfecho su propósito inicial de enriquecerse de manera ilícita".
Los inculpados domiciliaban el pago de las cuotas en cuentas de las cuales ellos mismos eran titulares, o bien en cuentas cuya titularidad correspondía a terceras personas. En este segundo supuesto, y con posterioridad a la concesión del préstamo, cambiaban la cuenta en que estaba domiciliado el pago de las cuotas por una cuenta de su titularidad, de manera que ningún perjuicio económico se producía a los supuestos titulares de los contratos, quienes ignoraban en todo momento el uso fraudulento que se hacía de sus datos personales.
Así, no pagaron la totalidad de los préstamos fraudulentamente contraídos, causando a una de las entidades un perjuicio económico estimado 572.196 euros y en la otra un perjuicio estimado de 64.359 euros, cantidades por la que ambas entidades reclaman.
