La inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil ha llegado casi 18 años después de la firma del protocolo de actuación que supuso el primer paso encaminado a la creación del nuevo acuartelamiento. Y es que fue en 2004 cuando quedaron plasmadas, en acuerdo firme, las conversaciones mantenidas entre los altos responsables de la Guardia Civil y el equipo de Gobierno del entonces alcalde Manuel Baena Cobos para dotar a la localidad de esta infraestructura. Pero el proceso de lo que parecía una de tantas obras más que se levantaban en término municipal pontanés, empezó a torcerse casi de inmediato.
Tras los preceptivos trámites administrativos, el 13 de julio de 2005 se ponía la primera piedra, y al año siguiente llegaba el primer contratiempo significativo, en forma de acto vandálico grave. Y es que en agosto de 2006 unos desconocidos apilaron en el interior del recinto varios palés de madera depositando bajo ellos una bombona de butano, que no llegó a explotar. El incendio provocó daños en el suelo y en las paredes de los calabozos, cuyas obras estaban casi finalizadas. El suceso generó un enorme revuelo en la localidad y abrió el debate sobre la seguridad en torno a las obras.
Sin embargo, meses después, y prácticamente coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones municipales de 2007, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 inició un procedimiento judicial al apreciar presuntas irregularidades en la concesión de la licencia de obras tras haberse llevado a cabo una modificación urbanística de la parcela sobre la que se había edificado el acuartelamiento. La denuncia fue formulada por la Policía Judicial de la Guardia Civil, algo que no sentó nada bien en el equipo de Gobierno de IU, que entendió los hechos como una forma de querer manchar la imagen del alcalde Manuel Baena, que precisamente optaba a la reelección. Al haberse otorgado la licencia de obras con el visto bueno de la comisión municipal de Obras y Urbanismo, en la causa llegaron a estar imputados, además del constructor, el propio Baena, como alcalde, y otros nueve concejales de diferentes partidos políticos, aunque todos fueron exculpados posteriormente por la Audiencia Provincial de Córdoba en marzo de 2010.
Paralelamente, en sede plenaria, la Corporación Municipal aprobaba la modificación puntual del PGOU relativa al Sistema General Social del cuartel de la Guardia Civil, trámite encaminado a la regularización de las obras del acuartelamiento, ya que que el Ayuntamiento tuvo que iniciar de nuevo el procedimiento al existir un informe negativo al primer expediente por parte de la Dirección General de Arquitectura de la Junta de Andalucía. La Consejería de Obras Públicas denegó la primera innovación del PGOU al entender que no se compensaba el “incuestionable” aprovechamiento lucrativo de dar uso residencial al cuartel ubicado en el centro de la ciudad. El segundo expediente puesto en marcha incrementaba hasta el cien por cien las viviendas de protección oficial (VPO) que se podrían construir en los terrenos del acuartelamiento de la calle Miguel Romero, mientras que el primero establecía que un 30 por ciento serían protegidas.
El expediente se remitió a la Comisión Provincial de Urbanismo, que tras darle el visto bueno, lo elevó a la Dirección General de Arquitectura subsanando así la anomalía del nuevo cuartel que edificado, previa concesión de licencia municipal, en un terreno que todavía era rústico.
El tiempo pasaba y en 2011 la constructora retomaba las obras del edificio tras dos años paralizadas, culminando finalmente los trabajos en febrero de 2013. La empresa notificaba el “fin de la obra” de acuerdo con el proyecto inicial y una vez realizadas una serie de modificaciones a petición de los propios técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil. Al hilo de ello, el ya alcalde, Esteban Morales, informaba que desde el Ayuntamiento se habían cursado cartas al director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), el ente dependiente del Ministerio del Interior que gestionaba la infraestructura, así como a los responsables de la Dirección General de la Guardia Civil, manifestándoles que al cumplirse lo estipulado, era el momento de elevar a convenio el protocolo firmado en 2004.
Pero una vez más, llegaron nuevos contratiempos, ya que la GIESE no dio conformidad a la terminación de las obras y exigió al Consistorio que realizara una serie de inversiones para solventar las deficiencias existentes en el edificio. Así, el Ayuntamiento tuvo que dar luz verde, en 2016, y con cargo al presupuesto municipal, a las obras de climatización del edificio destinado a dependencias oficiales, a las de instalación de ascensores exteriores en el edificio de viviendas, y también a las de reparación de desperfectos ocasionados por actos vandálicos en el interior de las viviendas, todo ello con un montante que ascendía a más de 240.000 euros. Por si fuera poco, a la conclusión de las mismas, también se pusieron objeciones con respecto a los problemas de suministro eléctrico en la zona, por lo que se requirió de una obra complementaria para subsanarlos, lo que elevó la cuantía de la inversión municipal a unos 300.000 euros en su totalidad.
Finalmente, con todo culminado, y con la seguridad redoblada para que el edificio estuviese a punto, faltaba que desde Madrid, Interior diera el visto bueno definitivo al proceso, algo que se dilataba en el tiempo y que llegó en noviembre de 2020. El propio alcalde, Esteban Morales indicaba que con el acuerdo se procedería a la perfección del protocolo inicial suscrito en 2004 por el que el Ayuntamiento se compromete a permutar ambos edificios, destinándose el actual al fin que se precisó en su momento, concretamente la construcción de viviendas VPO y los bajos a zona comercial y garaje. El alcalde también informó que los técnicos habían concluido las valoraciones de ambos edificios, de tal manera que el cuartel nuevo asciende a 2.989.000 euros y el viejo a 2.987.000, “una diferencia de 2.300 euros a favor del Ayuntamiento que la Gerencia de Infraestructuras y Seguridad del Estado (GIESE) nos pide que renunciemos a ella por compensación del pago de la actividad que hace la Guardia Civil en Puente Genil”. Interior autorizaba la desafectación del cuartel antiguo, entregándoselo a la GIESE lo que daba luz verde a la firma de las escrituras de permuta entre acuartelamientos, que tuvo lugar en agosto de 2021, concluyendo así el proceso a la espera de la inauguración oficial de esta semana.Sin duda, un largo camino de vicisitudes y contratiempos que, al fin, cumple la mayoría de edad para quedar resuelto definitivamente.
