El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha dado a conceder una de las mociones que la formación política llevará al próximo Pleno. En ella los andalucistas exigirán al gobierno local de Cavada, en primer lugar, la creación de una base de datos de empresas, comercios y autónomos domiciliadas en San Fernando que puedan ser invitados a participar en la licitación de contratos menores en función de la naturaleza del contrato y el objeto de la empresa conforme a la legislación vigente.
A través de dicha moción también se solicitará al equipo de gobierno la puesta en marcha de un servicio que informe y asesore respecto de la normativa aplicable, procedimiento y trámites a fin de poder presentar ofertas en las licitaciones por parte de empresas, comercios o autónomos que lo necesiten y de otro sistema para la comunicación de las licitaciones y contratos menores que convoque el Ayuntamiento a las pymes, comercios y autónomos de San Fernando inscritas en el registro propuesto
Los gobiernos municipales de los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, deben ayudar de manera prioritaria a las Pymes, autónomos y comercios de su ciudad. Tras la crisis económica de la pandemia ha llegado sin solución de continuidad la de la inflación. Por tanto, hay que poner en marcha cualquier tipo de medida que ayude al tejido económico de San Fernando. Nuestro sector productivo ha pasado y está pasando momentos difíciles y por eso consideramos necesario que desde la administración local se favorezca conforme a la legalidad la contratación de empresas de San Fernando”, explica Romero.
El líder de AxSí recuerda que la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a las administraciones a actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación con el objetivo de favorecer la transparencia. Además, el portavoz insiste en que lacontrataciónelectrónica ofrece mayor seguridady evita lasmalasprácticasenmateriadecontratación. En el caso de los contratos menores, indica Romero, el artículo 118 LCSP establece sus cuantías hasta 40.000 euros más IVA para obras y 15.000 euros más IVA para suministros y servicios.
Romero señala que en cualquier caso es necesario un informe motivado del órgano de contratación que justifique la necesidad del contrato y que no se altera su objeto con el objetivo de eludir las reglas generales de contratación, así como la obligación de aportar la información de los contratos menores asociados a cada contratista. Toda esta regulación a fin de evitar discrecionalidad, trato de favor y la fragmentación del objeto del contrato que pretenda defraudar los controles pertinentes.
Por otra parte, el portavoz explica que el artículo 99.3 LCSP contempla que, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permita, pueda adjudicarse mediante su división en lotes que a su vez proporciona la oportunidad a empresas, autónomos o comercios de ser adjudicatarias de alguno de los lotes; pymes que por su volumen de negocio no podrían abordar la ejecución de determinados contratos. “Es más, se puede, por ejemplo, limitar el número de lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta y/o el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador”, subraya el líder de AxSí.
“Todo este contexto procedimental que en muchas ocasiones es ignorado por el sector económico local debe ser compensado por una labor municipal proactiva. El Gobierno local puede y debe prestar un servicio de apoyo y asesoramiento que haga accesible la participación de autónomos, comerciantes y empresas isleños en las licitaciones públicas locales. Por consiguiente, en el marco legal vigente el Ayuntamiento puede favorecer entre las empresas isleñas que presenten sus ofertas en la licitación de contratos menores”, afirma el líder de AxSí.
“De esta manera proponemos la creación de un registro de autónomos, Pymes y profesionales locales con los que pueda trabajar esta administración local en relación con este tipo de contratos. Siempre por supuesto dentro de la estricta observancia de la normativa aplicable y el uso diligente y responsable de los recursos económicos municipales”, concluir Romero.
