El pago a los proveedores a través de los créditos ICO -y un crédito lo dan pero hay que pagarlo- va a suponer mantener unos 2.000 empleos en la ciudad, una afirmación muy optimista del delegado de municipal de Hacienda, Manuel Raposo, que nadie dice que no se vaya a cumplir.
Pero con poco a su favor cuenta cuando el 50 por ciento de los algo más de 19 millones de euros de los que se adhirieron a esa forma de pago es para pagarle a una única empresa, la concesionaria de la basura, y otro 40 por ciento para pagarle a grandes empresas como Thaler o Servimat, todas ellas con un número de trabajadores que no sostienen previsión tan optimista.
Según el listado de proveedores que va a cobrar del dinero que presta el Estado, la empresa concesionaria de la limpieza, Urbaser, va a recibir 9,2 millones de euros, más el pico, de esos fondos, con la circunstancia añadida de que tras quedarse en paz con el Ayuntamiento al que le costará el 6 por ciento la fiesta, la empresa va a ver ampliado el montante de su contrato por imperativo legal, según la expresión utilizada por el alcalde, José Loaiza. Esto es, está estipulado en el contrato una subida porcentual anual del precio del servicio.
La empresa va a cobrar 15 certificaciones de más o menos medio millón de euros, más otras certificaciones de menos cantidad que están entre los 200.000 y 300.000 euros. A esas se les suman otras menores que se supone que son de servicios extraordinarios, varias de ellas de 38.351 euros, en una práctica que parece común en todos los servicios públicos municipales en manos de empresas concesionarias.
El caso del alcantarillado
Baste recortar el caso de la empresa concesionaria del alcantarillado, que independientemente de la doble facturación que fue denunciada por los socialistas y terminó con la UTE fuera del servicio, podía acceder a servicios extraordinarios que se le adjudicaban directamente por el simple hecho de ser la concesionaria y sin concurso previo, evitando con ello la libre concurrencia de empresas del sector que podrían haberlo ejecutado más barato además de encarecer el servicio hasta cotas que rebasan con mucho el montante aprobado.
Ni que decir tiene que la empresa concesionaria del servicio de limpieza no va ser parte importante en el mantenimiento de esos 2.000 puestos de trabajo, por cuanto Urbaser tiene recogido en la plica la obligatoriedad de tener a 85 trabajadores en la calle de lunes a viernes, entre los de recogida de basura y limpieza viaria, mientras que sábados y domingos sólo tiene a 21, una docena de ellos en la recogida de basura y nueve en el barrido de los distritos del centro que se les marcan.
Estos últimos trabajadores son fijos temporales, según los datos recabados por este periódico en los sindicatos y transmitidos de viva voz, por lo que no está de más añadir esa coletilla legal de salvo error u omisión. No hay que hacer muchas cuentas para deducir que si para mantener una plantilla de alrededor de cien trabajadores hay que pagar 9.288.126,11 euros del plan de ajuste, para mantener los 2.000 puestos de trabajo que dice el delegado hace falta una millonada.
Pero con poco a su favor cuenta cuando el 50 por ciento de los algo más de 19 millones de euros de los que se adhirieron a esa forma de pago es para pagarle a una única empresa, la concesionaria de la basura, y otro 40 por ciento para pagarle a grandes empresas como Thaler o Servimat, todas ellas con un número de trabajadores que no sostienen previsión tan optimista.
Según el listado de proveedores que va a cobrar del dinero que presta el Estado, la empresa concesionaria de la limpieza, Urbaser, va a recibir 9,2 millones de euros, más el pico, de esos fondos, con la circunstancia añadida de que tras quedarse en paz con el Ayuntamiento al que le costará el 6 por ciento la fiesta, la empresa va a ver ampliado el montante de su contrato por imperativo legal, según la expresión utilizada por el alcalde, José Loaiza. Esto es, está estipulado en el contrato una subida porcentual anual del precio del servicio.
La empresa va a cobrar 15 certificaciones de más o menos medio millón de euros, más otras certificaciones de menos cantidad que están entre los 200.000 y 300.000 euros. A esas se les suman otras menores que se supone que son de servicios extraordinarios, varias de ellas de 38.351 euros, en una práctica que parece común en todos los servicios públicos municipales en manos de empresas concesionarias.
El caso del alcantarillado
Baste recortar el caso de la empresa concesionaria del alcantarillado, que independientemente de la doble facturación que fue denunciada por los socialistas y terminó con la UTE fuera del servicio, podía acceder a servicios extraordinarios que se le adjudicaban directamente por el simple hecho de ser la concesionaria y sin concurso previo, evitando con ello la libre concurrencia de empresas del sector que podrían haberlo ejecutado más barato además de encarecer el servicio hasta cotas que rebasan con mucho el montante aprobado.
Ni que decir tiene que la empresa concesionaria del servicio de limpieza no va ser parte importante en el mantenimiento de esos 2.000 puestos de trabajo, por cuanto Urbaser tiene recogido en la plica la obligatoriedad de tener a 85 trabajadores en la calle de lunes a viernes, entre los de recogida de basura y limpieza viaria, mientras que sábados y domingos sólo tiene a 21, una docena de ellos en la recogida de basura y nueve en el barrido de los distritos del centro que se les marcan.
Estos últimos trabajadores son fijos temporales, según los datos recabados por este periódico en los sindicatos y transmitidos de viva voz, por lo que no está de más añadir esa coletilla legal de salvo error u omisión. No hay que hacer muchas cuentas para deducir que si para mantener una plantilla de alrededor de cien trabajadores hay que pagar 9.288.126,11 euros del plan de ajuste, para mantener los 2.000 puestos de trabajo que dice el delegado hace falta una millonada.
