El Ayuntamiento de San Fernando, esperando simplemente una firma para que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entre en vigor, lo vio como una amenaza y consideró que debía de tratarse de un error en la redacción de la nota de prensa difundida por la Junta de Andalucía.
El susto ha pasado después de que en la mañana de este viernes, la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, haya trasladado en Cádiz a empresarios y alcaldes de la costa los objetivos fundamentales del Decreto-ley de medidas urgentes y para la protección del litoral aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de noviembre. Y sobre todo que San Fernando no entra entre los municipios que se podrían ver afectados, que era lo que preocupaba el Ayuntamiento.
Durante las dos reuniones que ha mantenido la representante del Gobierno andaluz, junto al delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, y el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, Federico Fernández, para analizar la incidencia de la nueva norma, Gloria Vega ha explicado que ésta “no van a afectar a proyectos que se encuentren en desarrollo en la costa, sino a suelos que llevan paralizados muchos años”. Es decir, “no va a paralizar ninguno de los proyectos previstos en la costa gaditana, ya que su aplicación no tiene carácter retroactivo”.
Asimismo, ha añadido que, en cualquier caso, esta medida sólo se aplicará durante seis meses ya que a partir de esta fecha la suspensión sólo afectará puntualmente a suelos muy concretos identificados expresamente por el Plan”.
La secretaria general ha resaltado que la finalidad del decreto es “reforzar la protección del litoral, la zona más valiosa de nuestro territorio”, y además incentivar la revisión del planeamiento municipal para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
En este sentido, ha subrayado que esta norma es “imprescindible para el desarrollo económico de Andalucía” y “para la mejora de la competitividad de los destinos turísticos”.
En cuanto a la protección del litoral, el Decreto-ley contempla un nuevo instrumento de planificación territorial, el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, dirigido a preservar la franja más próxima a la costa, así como mantener libres de urbanización los espacios no edificados que no sean necesarios para la normal expansión de los pueblos y ciudades andaluces. Para ello, actuará sobre la franja de los primeros 500 metros de la zona de influencia del litoral y aquellas otras zonas que sean necesarias para garantizar los objetivos de protección que se establezcan.
La secretaria general ha aclarado a los empresarios y a los ayuntamientos que el Decreto-ley “solo se aplica a los suelos no desarrollados, algunos paralizados desde hace 15 o 20 años, por lo que no afectará a los proyectos en marcha en el litoral de la provincia, puesto que los 3 proyectos promovidos en los dos últimos años ya cuentan con plan parcial aprobado”.
Tras la aclaración, los municipios gaditanos del litoral no adaptados al POTA a los que pueden afectar las medidas de suspensión del Decreto-ley son Algeciras, Barbate, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, La Línea de la Concepción, Rota, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa y Vejer de la frontera.
