Este periódico ha publicado en los últimos meses toda la documentación que ha llegado a la redacción sobre las dos posturas de la Junta de la Andalucía y el Ministerio de Defensa en relación al uso conjunto del hospital San Carlos, con la intención de que fueran los ciudadanos los que se formaran su propia opinión ante la avalancha de manifestaciones políticas partidistas.

Todo ello después de defender, por pura lógica, que la situación económica por la que atraviesa el país sólo permitía un acuerdo entre las dos partes en el que las dos repartieran las cargas y que eso sólo se podía conseguir mediante el diálogo, que no sólo es hablar con el otro, sino escucharlo y buscar soluciones.

La propia Plataforma por el uso compartido del centro termina dando la razón a lo publicado y es este instrumento de concienciación el que mejor conoce la realidad del centro del Ministerio de Defensa al llevar sus miembros años trabajando en el mismo, además de la realidad de la ciudad en la que viven por su calidad de sanitarios y por su calidad de ciudadanos.

Dice Mercedes Morales Illescas, una de las portavoces de esa plataforma, que no entendería que no hubiera un acuerdo de mínimos, ampliable en función de una mejora de la economía o de una necesidad asistencial, cuya solución es un mandato constitucional además de un deber humanitario.

Este periódico tampoco lo entendería, de la misma forma que no lo harían las cientos de personas que están concienciadas de que en el término medio está la virtud plausible y de que las circunstancias dejan clara la necesidad de un esfuerzo compartido por ambas administracciones que se nutren de los mismos impuestos de los ciudadanos.