La situación que sufren las familias que no pueden hacer frente a sus préstamos hipotecarios, o a los alquileres, produce una alarma social frente a la que el Ayuntamiento no puede permanecer impasible. "Son cada vez más numerosas las familias que, a pesar de haber perdido su casa, mantienen una deuda perpetua con el banco, en una situación que evidencia, como pocas, la crisis-estafa en la que estamos viviendo", señalan desde Izquierda Unida.
Desde IU consideran que es urgente paralizar los desahucios y reconocer el derecho al acceso a una vivienda de las personas que han sido desahuciadas. "Esta situación merece el compromiso real y la respuesta contundente por parte de todas las administraciones. Cada vez son más los Ayuntamientos que se posicionan, y cuentan con el respaldo de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que, no sólo está preocupada ahora por los desahucios, sino que también está aplicando medidas desde la llegada de su nuevo equipo directivo. Se ha fijado como una de sus principales prioridades la lucha contra los desahucios, situando este drama en el centro del debate político y social, y adoptando medidas útiles y concretas. Ha actuado bajo el convencimiento de que los poderes públicos tienen la obligación de combatir con todas las armas a su alcance el drama de los desahucios ofreciendo una respuesta a las víctimas de la crisis".
Como primera medida, y ya en junio de 2012, se adoptó la paralización de todos los desahucios en el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía, en casos de endeudamiento sobrevenido a causa de la pérdida de empleo, con especial atención a los hogares con menores y dependientes. Como segunda medida, y tras completar un minucioso proceso de análisis y diagnóstico, se activó el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con la apertura el 8 de octubre de 2012, y en cada provincia, de oficinas atendidas por personas cualificadas, las cuales ofrecen prevención, intermediación y protección a las personas en riesgo de ser desahuciadas o que ya lo han sido.
La oficina garantiza además la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran, o pueden llegar a encontrarse, en riesgo de exclusión social.
En la fase de prevención, el personal realiza tareas de información y asesoramiento previo a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo. Las funciones de intermediación se desarrollan ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten, y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
Por todo ello, IU ha presentado una Moción, para su debate en el Pleno ordinario del próximo viernes en la pide que se aprueban tres propuestas
La primera que el Ayuntamiento acuerde declarar el término municipal de San Fernando como “municipio libre de desahucios”.
La segunda que el Ayuntamiento, por parte de la Delegación correspondiente, inicie los trámites oportunos para la paralización de desahucios, así como trasladar este acuerdo para su aplicación por la Empresa Pública de Suelo Isleña (ESISA).
Y finalmente que el Ayuntamiento inicie los trámites oportunos para su adhesión al Convenio de Colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
El objeto del convenio es establecer las líneas de colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento para ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas residentes en nuestro municipio el asesoramiento, la intermediación y la protección adecuadas para prevenir que, como consecuencia de la actual situación de crisis económica, puedan perder su residencia habitual y permanente, cuando atraviesen dificultades, constatadas por dicha Consejería, que la pongan en riesgo, con la finalidad de evitar que sean privadas de la misma.
Conlleva desde el asesoramiento y asistencia municipal, a través de la OMIC y de los Servicios Sociales, hasta actuaciones de realojo provisional a través de ESISA, en lo que sea posible, para personas afectadas en riesgo de exclusión social, así como un intercambio de información sobre la base del Registro Municipal de demandantes de Viviendas Protegidas.
