José Modesto Vila, jefe de máquinas de un pesquero, gallego afincado en San Fernando, falleció el 16 de abril pasado en aguas del Atlántico por un fallo cardíaco, según la información recibida por sus familiares por parte de un representante de la empresa para la que trabajaba.

Ahí comenzó la odisea de una familia zarandeada durante más de veinte días por la burocracia de un país que le aseguraron que era moderno y cuya modernidad brilló por su ausencia durante todo el proceso de repatriación de los restos mortales del marinero.

El cadáver de José Modesto fue trasladado a Namibia a donde llegó tres días después de producirse el fallecimiento en alta mar. La familia pide que le hagan la autopsia pero considera que el encargado de hacerla no es una persona cualificada.

Como las cosas no van bien, la familia se traslada a Namibia para agilizar los trámites con todo lo que ello acarrea, pero al llegar allí no encuentran apoyo de la cónsul de España en ese país, o como comentan a este periódico, “no encuentra opacidad pero sí pasividad”. De quien sí encontraron opacidad fue de la empresa.

Las autoridades de Namibia le propusieron que se llevaran el cadáver sin hacerle la autopsia pero a condición de que declararan que murió de muerte natural, algo a lo que se negaron y buscaron un médico particular al que tuvieron que abonar 3.500 euros.

A todo esto, la cónsul de España en Namibia llevaba una semana sin contactar con la familia, a pesar de que tanto el cargo  público como los familiares de José Modesto estaban en el país africano. Una vez que se consigue hacer la autopsia, las autoridades africanas prometen que el cadáver saldrá inmediatamente para España. Eso es el 29 de abril.

Pero el cadáver no sale. Cinco días después no hay respuestas de nadie, ni siquiera del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Los familiares siguen en Namibia con el cadáver de José Modesto mientras los jurídicos contratados por la familia mueven los hilos en España.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando ya se habían puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores motu proprio para interesarse por el caso pero entonces las cosas iban aparentemente bien. El alcalde se había enterado a través de un familiar.

Sin embargo las cosas no iban tan bien y los representantes de la familia en San Fernando deciden pedir la participación d el alcalde, José Loaiza, quien les promete hacer las gestiones oportunas. Cinco minutos tardó el alcalde en dar noticias a través de una llamada telefónica.

Lo que cuentan a este periódico –y no damos la fuente por expreso deseo del informador pero es de primerísima mano- es que las cosas no se comenzaron a solucionar hasta que el alcalde “echó cojones” y movió el papeleo.

Dos días más tarde llegó el cadáver a San Fernando –por las gestiones de Loaiza o por lo que fuera- donde recibió sepultura este jueves en la intimidad tras ser incinerado. La macabra odisea ha pasado, pero las secuelas tardarán en borrarse, si es que alguna vez lo consiguen.

El alcalde no ha sido muy explícito. Es más, no quería comentar nada y sólo con una pregunta en una rueda de prensa contestó señalando que es lo mínimo que un alcalde puede hacer por una familia isleña, en este caso.