La concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, ante la noticia publicada en relación a la conversación mantenida con una familia desalojada de una vivienda de propiedad privada, quiere expresar "sus más sinceras disculpas" por las palabras expuestas en una reunión de carácter privado y dentro de un contexto en el que la edil siempre ha pretendido aportar soluciones a un problema social de este calado.
Lo expresado por la concejala a esta familia se produce tras las numerosas reuniones que durante este tiempo han venido manteniendo ambas partes y en las que, para Ana Lorenzo, ha primado siempre el objetivo de ofrecer todas las soluciones posibles a un problema originado entre las personas afectadas y la propiedad particular de la vivienda desalojada.
El pujante interés que Ana Lorenzo ha mostrado en todo momento en este caso concreto y la sensibilidad más que demostrada que la concejala de Inclusión y Políticas Sociales ha tenido siempre a la hora de tratar de solventar los casos de desalojo han provocado un exceso de celo en la edil que le llevó a exponer a esta familia soluciones puntuales, más con el corazón que con la cabeza, que la concejala no defiende y que rechaza plenamente. Ana Lorenzo quiere recordar que el problema expuesto por esta familia enfrentada a su arrendatario afectaba expresamente a tres menores de edad a los que les urge una solución, ha dicho la concejala en una nota de prensa.
Las palabras dichas por Ana Lorenzo se han producido tras muchas horas de reuniones y conversaciones, tanto con la familia desalojada como con la propiedad de la vivienda, en "un clima de tensión y con los lógicos deseos por parte de la concejala de aportar una solución a un problema social al que no se le encontraba salida".
La edil no quiere justificar con ello el error de lo expresado en ese momento en el transcurso de una conversación grabada sin su consentimiento, y cuyo contenido fue fruto de su constante inquietud por aportar soluciones a quienes lo están pasando mal por situaciones de esta índole.
Una vez manifestadas estas disculpas, la concejala quiere puntualizar que desde el Ayuntamiento de San Fernando se han ofrecido cuantas ayudas públicas ha sido posible conceder a esta familia para paliar su situación.
Ayudas constantes
La persona afectada, como responsable de la unidad familiar desalojada, ha venido recibiendo desde el año 2015 todas las ayudas que el Ayuntamiento de San Fernando puede concederle, a través de los Servicios Sociales y siempre según los requisitos que, en función de su situación, dicta la legislación en materia de aportaciones o subvenciones municipales.
En concreto, Servicios Sociales le concedió, en mayo de 2015, una ayuda de 750 euros para el acceso a una nueva vivienda con la que afrontar el pago de los primeros meses de alquiler del inmueble del que han sido desalojados. Posteriormente, fueron aprobadas y entregadas tres ayudas más para débitos de alquiler de 337,50 euros cada una de ellas, concretamente en septiembre y octubre de 2015 y en marzo de 2016.
A ello se une que, hasta enero de 2016, ha estado recibiendo la ayuda económica familiar, que el Ayuntamiento aprueba en el caso de cumplirse los requisitos determinados para personas con cargo a menores de edad. Esta cantidad ha supuesto un desembolso de 332 euros mensuales hasta que, como dicta la normativa en esta materia al ser incompatibles ambos conceptos, se suprimió esta concesión, ya que la interesada en cuestión comenzó a cobrar el salario social.
Desde este momento, las ayudas percibidas por la persona en cuestión -pensión no contributiva y pensión de alimentación por los hijos a su cargo- impiden la concesión de otro tipo de ayudas económicas por parte de la administración local.
Ante esta situación, desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo posible a la hora de ayudar a estas personas a lo largo de este periodo de tiempo que ha derivado en un litigio de la responsable de la unidad familiar con la propiedad de la vivienda, que no ha visto satisfecha las cantidades acordadas por el arrendamiento de su vivienda.
Se trata por lo tanto de una situación en el marco legal del ámbito estrictamente privado en el que el Ayuntamiento no puede intervenir más allá de las ayudas concedidas. Incluso ante la situación que se ha producido, Servicios Sociales ha podido conceder una nueva ayuda a esta persona para el acceso a un nuevo alquiler, valorada en 800 euros, que se le entregará inmediatamente en el momento en el que firme un nuevo contrato de arrendamiento.
Según la transcripción de la cinta que ha hecho La Voz Digital, la concejala isleña les indicó cómo podían ocupar una vivienda que ya había sido ocupada por otras personas hasta que se encontrara una solución definitiva.
