Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Puerto de Santa María a tres personas como presuntos autores de los delitos de prostitución y explotación sexual, contra la salud pública y otro de falsedad documental, que han finalizado la realización de tres registros domiciliarios en El Puerto de Santa María, San Fernando y Chiclana . Las detenidas ejercían la dirección y el control de una casa de citas ubicada en Valdelagrana donde las víctimas vivían en situación de vulnerabilidad y en condiciones abusivas, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día y facilitar sustancias estupefacientes a los clientes.
La investigación se inicio en el mes de agosto de 2020 y durante todo este tiempo los agentes de la UCRIF han recabado pruebas incriminatorias sobre las personas encartadas y furto de las gestiones realizadas el Juzgado de Instrucción número cuatro de El Puerto de Santa María autorizó el pasado día 9 de junio la entrada y registro de la casa de citas, sita en Valdelagrana, en el domicilio habitual de la principal investigada en San Fernando y en un chalet disponía para su ocio personal en Chiclana de la Frontera. En el momento de la entrada en la casa de citas, estaba en el interior la controladora durmiendo en el salón y dos chicas extranjeras en la primera planta. En el registro se intervinieron diversa documentación sobre ganancias, contabilidad, facturas, 4.100 euros en efectivo, 17 teléfonos móviles y cocaína que facilitaban y ofrecían a los clientes, por lo que han sido también acusadas de un delito contra la salud pública.
Un negocio lucrativo que utilizaba una empresa ficticia de reparto
La principal cabecilla de origen brasileño, pero nacionalizada española y residente en San Fernando, alquiló una vivienda unifamiliar en Valdelagrana y con la ayuda de otra mujer que ejercía las labores de controladora, a la cual paga un sueldo fijo al mes, emprendió un negocio muy lucrativo gracias a los beneficios de la prostitución ajena. La cabecilla se dio alta con régimen especial de autónoma en una empresa ficticia de mensajería y reparto, incurriendo en un delito de falsedad documental además del correspondiente expediente sancionador por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Vigiladas y disponibles las 24 horas
A través de quince líneas telefónicas ofrecían servicios sexuales en distintas páginas Web. La chicas que ejercen la prostitución en la casa son extranjeras, algunas en situación irregular, sin posibilidad de encontrar trabajo en España por lo que se ven obligadas a realizar tal actividad en condiciones abusivas tales como estar disponibles las 24 horas del día, no negarse a realizar ningún servicio que se le ofreciere, acudir a domicilios de clientes u hoteles.
El control por parte de la dueña del negocio de la prostitución era evidente, y junto con su empleada controladora de la actividad, eran las que exclusivamente recepcionaban todas las llamadas de los 15 terminales telefónicos cerrando las citas y precios con los clientes, pasando a dar instrucciones y ordenes a las chicas que ejercían la prostitución, las cuales estaban obligadas a realizar el servicio sexual en cualquier hora y lugar. A la finalización del servicio, el cliente pagaba siempre a la controladora de las chicas, nunca directamente a éstas, y cada cierto tiempo las investigadas entregaban un parte de las ganancias a las chicas, quienes tenían que contribuir al pago del alquiler de la casa de citas.
La controladora tenía instalada su cama en el salón de la vivienda para la apertura de la puerta a clientes y permitir el acceso a los dormitorios ubicados en la primera. En el salón también contaba con circuito de video vigilancia con cámaras que graban a todas las personas que accedían a la casa de citas, incluidas las que allí viven habitualmente, imágenes que también son visionadas directamente por la principal investigada.
Trata de seres humanos
La investigación se enmarca dentro del Plan Policial Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, una lacra que tiene como víctimas principales a personas que son traídas a España mediante engaño, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad y prometiéndoles trabajos dignos para, finalmente, ser obligadas bajo amenazas al ejercicio de la prostitución.
